| Con ello queda
subsanada una de las tres causas que motivaron la suspensión. Con
anterioridad fueron resueltas las relativas a las viviendas públicas
que se construirán y otra sobre inundabilidad de la zona, que requirió
un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
(CHG). De ahí que la Junta levantara la suspensión que afectaba
al SURO-6, independientemente de la aprobación definitiva del nuevo
PGOU y de su entrada en vigor, el pasado mes de marzo.
CENTRO COMERCIAL
JAÉN PLAZA.
2O13 . El Ayuntamiento
rubrica con el grupo almeriense Alvores un convenio para la construcción
del parque comercial Jaén Plaza. Este debía anular el de
2009 para la Ciudad Sanitaria, aunque el Consejo Consultivo no vio argumentos
de nulidad.
2016. El pasado
día 13, se anuncia la incorporación de nuevas firmas al parque
comercial —entre ellas, C&A— y salas multicines con unas 1.800 butacas.
Se suman a las ya anunciadas Decathlon, Leroy Merlin y Kentucky Fried Chicken
(KFC) y C&A.
Cuenta con
una superficie de 1.500 metros cuadrados, y hasta multicines. El futuro
parque comercial Jaén Plaza, que promueve el Grupo Alvores, contará
con unas 1.800 butacas repartidas entre 10 salas con tecnologías
de última generación y un sonido e imagen de alta definición
para detener la peregrinación al “Kinépolis”, de Granada.
IMPUGNACIÓN
DEL PROCESO
Según
el diario de Jaén, Hacienda Las Cuevas, la sociedad impulsora del
centro comercial “Santo Reino” que estaba proyectado en Vaciacostales,
junto a las cocheras del tranvía, ha impugnado el proceso seguido
por el Ayuntamiento para el levantamiento de las suspensiones urbanísticas
que pesaban, inicialmente, sobre el suelo urbano ordenado (SURO) 6. O,
lo que es lo mismo, sobre los terrenos en los que se prevé levantar
el futuro “Jaén Plaza”.
La sociedad
limitada siempre ha sospechado que el equipo de Gobierno del PP privilegiaba
los intereses del grupo almeriense. Y tiene la mosca detrás de la
oreja desde que, en noviembre de 2013, el Ayuntamiento rubricó con
Alvores el convenio que, mañana, vuelve al pleno para que se levante
una de sus cláusulas. La base de ese acuerdo fue un contrato, suscrito
a finales de 2012, entre Alvores y Hierros Serrano Gámez para la
venta de las parcelas sobre las que se edificará el “Jaén
Plaza”. Entre las cláusulas, contenía dos condiciones de
carácter “suspensivas”. La primera era que el Ayuntamiento debía
aprobar, “en los 10 meses siguientes” a la firma de ese contrato, un “convenio
urbanístico ‘ex novo’ o complementario” al que la coalición
de PSOE e IU rubricó, el 19 de febrero de 2009, con el grupo constructor
jiennense, que comprometía a la entidad local a la tramitación
diligente de la calificación de “gran superficie minorista” dentro
del trámite de innovación del SURO 6. La segunda condición
era que “toda la superficie” se incluyera como sector urbanizable ordenado,
con, “como mínimo”, una superficie de las parcelas comerciales de
140.000 metros cuadrados y 80.000 de techo.
De este último
requisito se derivaba una diferencia de aprovechamientos urbanísticos
entre los SURO 6 y 5 (del que es propietaria Hacienda Las Cuevas) que no
pasó desapercibido a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, en la aprobación definitiva, pero parcial, del PGOU,
en noviembre de 2013. Como suelos terciarios ambos, la diferencia de aprovechamientos
no podía superar el 10%. Sin embargo, había una “sospechosa”
variación “del 80%”. Lo denunció entonces el PSOE, que siempre
ha criticado: “Todo pasa por Alvores”. Y también fuentes próximas
a Hacienda Las Cuevas apuntaron, en noviembre de 2014, a este periódico,
que estudiaban poner en conocimiento de sus servicios jurídicos
esta situación.
Señalaban
que la sociedad limitada había invertido en los convenios urbanísticos
para la construcción del centro comercial Santo Reino alrededor
de 1,3 millones. Y, aunque para entonces ya hacía tiempo que se
habían roto las negociaciones con Bogaris, subrayaron que no renunciarían
a un proyecto que —decían— tendría financiación de
la Caja Rural y en el que, en noviembre del año pasado, señalaban
que existían “tres operadores interesados” en ejecutar el proyecto.
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