Berlín
no es el único caso en el que existe algún tipo de limitación
al alquiler. En Nueva York existen indicadores de precio máximo
en función de las condiciones en las que está la vivienda.
ALEMANIA
En diciembre
de 2012 el Parlamento alemán aprobó una reforma de la ley
de arrendamientos por la que se limita el aumento del precio de los alquileres
de viviendas en zonas urbanas de gran densidad de población.
La medida pretende
frenar la explosión de precios en los arrendamientos registrada
en los últimos años en los centros urbanos.
El proyecto
de ley fue aprobado con los votos de la gran coalición de la canciller
Angela Merkel -integrada por la Unión Cristianodemócrata
y su hermanada Unión Socialcristiana de Baviera (CDU/CSU), más
el Partido Liberal (FDP).
De acuerdo
con la nueva normativa, centrada en los distritos de las grandes ciudades
más expuestos a la especulación, los precios del alquiler
no podrán aumentar más del 15 % en el periodo de tres años,
en lugar del actual límite del 20 %.
La medida,
tachada de insuficiente por la oposición parlamentaria, entrará
en vigor previsiblemente en el primer trimestre de 2013.
La reforma
de la ley de arrendamiento reforzará, por otro lado, los derechos
de los propietarios de las viviendas de alquiler frente a los denominados
"nómadas", que van de apartamento en apartamento sin pagar alquiler
y dejan la vivienda en un estado deplorable.
El 1 de junio
de 2015 Berlín se convirtió en la primera ciudad alemana
en aplicar la ley aprobada por el Parlamento Federal para limitar el precio
de las viviendas en alquiler. La medida establece que la renta de los nuevos
arrendamientos solo podrá subir un 10% respecto a las que aplican
las viviendas equivalentes de la zona. Quedan fuera de esta norma los pisos
de nueva construcción puestos en alquiler por primera vez después
del 1 de octubre de 2014 y aquéllos que hayan sido rehabilitados.
Durante los
últimos cinco años, entre 2009 y 2014, el precio de los alquileres
en la ciudad ha subido entre un 25% y un 78%, dependiendo de la zona. Este
incremento se ha debido a un aumento de la demanda, pero no ha estado acompañado
por un aumento de la oferta. Y ello, a pesar del significativo aumento
demográfico registrado en todo el país. Desde el 2011, se
ha contabilizado una inmigración neta a Alemania de más de
1,5 millones, de los cuales, un 10% se ha instalado en Berlín. Por
otra parte, según los datos de la Oficina Federal de Estadística
de Alemania y de la agencia inmobiliaria internacional CBRE, entre 2004
y 2013 hubo un incremento de 86.161 hogares y solo 42.649 viviendas terminadas,
lo que supone una escasez de pisos del 50%. Además, el 70% de la
nueva construcción realizada corresponde a bloques de apartamentos,
orientados a la inversión privada o a la ocupación propia,
y solo un 30% construido se destina a pisos de alquiler. El problema es
que Berlín tiene una amplia tradición de arrendamiento, más
del 50% de los ciudadanos optan por esta opción y más del
85% de los compradores son inquilinos.
FRANCIA
El Gobierno
francés tiene preparado un proyecto de decreto que limitará
las subidas de los alquileres de la vivienda en 41 áreas urbanas
en las que considera que hay tensión en los precios y que son muy
elevados, según un texto filtrado en la prensa.
Las grandes
ciudades del país, como París, Lyon, Burdeos, Nantes o Niza,
figuran en la lista, pero también otras más pequeñas
en las que los alquileres son altos.
Además,
el control de los precios era una promesa electoral del ahora presidente
de la República, François Hollande.
El dispositivo
se apoyará en una ley de 1989 que permite fijar un precio máximo
para la vivienda en zonas que tienen una evolución anormal.
En la práctica,
el propietario no podrá incrementar tanto como quisiera el alquiler
cuando cambie de inquilino o cuando se renueve un contrato con uno ya existente,
sino que se tendrá que ajustar al llamado índice de referencia
de los alquileres, que en términos interanuales había progresado
un 2,24% en marzo.
Si el inquilino
constata que no se ha aplicado esa regla, podrá dirigirse a una
comisión de conciliación y en caso de no obtener satisfacción
llevar el caso ante la justicia.
Se trata de
evitar una práctica frecuente en los últimos años
por la que los propietarios aprovechaban un cambio de inquilinos para incrementar
súbitamente el precio de sus bienes en ciudades donde el valor se
encarecía rápidamente, e incluso presionaban a los ocupantes
para que se fueran y poder cambiar el alquiler.
La medida,
que debería entrar en vigor a partir del próximo 1 de agosto,
precederá a una ley más global sobre la vivienda que se adoptará
el próximo año y que incluirá una mayor regulación
de los precios cuando un piso o una casa se pone en alquiler por primera
vez.
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