| EL CASO
CATALÁN
Lidl ha cancelado
una inversión de 150 millones de euros y la creación de 1.000
empleos directos en Ripollet (Barcelona) por las trabas a la inversión
que ha puesto un alcalde vinculado a la CUP. La multinacional quería
ampliar su centro logístico en el municipio, pero se ha topado con
las reservas del gobierno local de Decidim Ripollet para modificar el plan
urbanístico. Finalmente, la firma ha comprado los terrenos de la
antigua fábrica Electrolux en Castellbisbal, y trasladará
allí el proyecto, según ha podido saber este medio digital.
Lidl planeaba
la ampliación del actual hub de distribución entre el municipio
barcelonés y el de Montcada i Reixac. El espacio tiene 44.000 metros
cuadrados, que han quedado insuficientes debido al rápido crecimiento
del negocio de la compañía en España. Lidl planteó
en 2013 construir un nuevo recinto adyacente con 5.500 metros cuadrados
extra en las oficinas centrales, además de 15.000 metros más
de almacén.
Dos alcaldes
propusieron a Lidl una zona alternativa, un terreno industrial que queda
enteramente dentro del municipio de Ripollet. Sin embargo, Lidl se oponía
al plan B porque significaba empezar de nuevo los trabajos de diseño
y arquitectónicos, que ya estaban avanzados.
El terreno
elegido por Lidl es el que ocupaba la antigua fábrica de cocinas
Corberó en la localidad catalana.
EL CASO
GALLEGO
Planta DE Leche
Río
La alcaldesa
de Lugo, Lara Méndez, confirmó que la intención del
gobierno local es "compaginar la legalidad con la actividad económica"
en lo que se refiere a la planta de Leche Río en O Ceao, sobre la
que pesa una orden de demolición ratificada por el Tribunal Constitucional.
El propietario
de Leite Río, Jesús Lence, avisó de que si el
Ayuntamiento de Lugo no aporta una solución a la planta envasadora
de leche de O Ceao II, tras la sentencia del Tribunal Supremo que confirma
la orden de demolición, optará por “la deslocalización”
de la fábrica a “la Comunidad de Madrid”.
Lence advirtió
de que esa sentencia “puede tener la consecuencia que quiera el Ayuntamiento
de Lugo”, “porque el terreno es urbanizable y la planta es legalizable”.
La sentencia
del Supremo, con fecha del 24 de febrero, rechaza los seis motivos del
recurso de casación presentado por Leite Río contra la orden
de derribo de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dictada en 2014 por
no ajustarse la planta a la legalidad urbanística, al tratarse de
obras ilegales que carecen de licencia municipal y de autorización
autonómica.
Al respecto,
Lence apuntó que “si el Ayuntamiento de Lugo quiere en esa finca
se puede hacer una unidad de actuación puntual y decir que es urbanizable”,
“pero si el Ayuntamiento de Lugo no está por esa labor habrá
que organizarse para hacer la deslocalización de esa planta”. Así,
asegura que se estudia, en el caso de que haya demoler esa fábrica,
trasladar la planta a la Comunidad de Madrid. “No hay más que sacarla
y llevarla a donde sea, la maquinaria es toda movible”, sostiene.
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