| En este ejemplo
de Asturias, en marzo de 2010, los promotores comenzaron el procedimiento
administrativo para poder expropiar los terrenos no adheridos a la junta
de compensación. En abril de 2011 el Ayuntamiento aprobó
el inicio del expediente expropiatorio, que estuvo un mes a información
pública. Tras responder a las alegaciones y remitir el documento
a la CUOTA, aprobó el expediente de expropiación en marzo
de 2012. En diciembre de ese año se instó a la junta de compensación
a abonar el dinero de las expropiaciones en un plazo de tres meses, bajo
apercibimiento de declarar caducado el expediente.
El Tribunal
Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ratificó la sentencia de
lo Contencioso Administrativo de julio de 2015 que avalaba la caducidad
del plan de Castiello decretada por el Ayuntamiento en 2013. La empresa
Promociones Caicoya y la junta de compensación creada para ejecutar
ese desarrollo -uno de los urbanizables que desaparecen en el nuevo PGO-
habían presentado un recurso de apelación contra el fallo
emitido en primera instancia, pero ninguno de sus argumentos ha sido admitido
por el TSJA. El tribunal ha impuesto además a los apelantes el pago
de costas, hasta un máximo de 1.000 euros. El fallo cierra la vía
a posibles reclamaciones patrimoniales.
En marzo de
2010, los promotores comenzaron el procedimiento administrativo para poder
expropiar los terrenos no adheridos a la junta de compensación.
En abril de
2011 el Ayuntamiento aprobó el inicio del expediente expropiatorio,
que estuvo un mes a información pública. Tras responder a
las alegaciones y remitir el documento a la CUOTA, aprobó el expediente
de expropiación en marzo de 2012. En diciembre de ese año
se instó a la junta de compensación a abonar el dinero de
las expropiaciones en un plazo de tres meses, bajo apercibimiento de declarar
caducado el expediente.
En enero de
2013, Urbanismo emitió un informe que cifraba en catorce -doce de
ellos empresas promotoras- el número de miembros de la junta de
compensación que «no pueden o no están dispuestos a
pagar» la parte del justiprecio que les correspondía. Estas
personas representaban el 70% de las cuotas de participación. «Hasta
la fecha no se ha constituido aval alguno que garantice la viabilidad de
este desarrollo», recogía el mismo documento.
Tras varias
notificaciones y peticiones de aplazamiento por parte de los promotores,
en abril el gobierno municipal decretó finalmente la caducidad del
expediente de expropiación que había aprobado un año
antes, lo que paralizaba el desarrollo del plan urbanístico.
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