| El asunto
se complica con la licencia urbanística. Así, un auto del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Santa Cruz de Tenerife ratifica
la suspensión cautelar de la licencia urbanística concedida
por el Ayuntamiento de Adeje en abril de 2015 a Tropicana Atlántico
SL, la sociedad a través de la que Ambrosio Jiménez promociona
un parque comercial de 62.000 metros cuadrados de exposición y venta
en el barranco de Las Torres
Tropicana Atlántico
SL comenzó las obras del parque comercial después de recibir
el permiso del Ayuntamiento, a pesar de que el Gobierno de Canarias aún
no se ha pronunciado sobre la necesaria licencia comercial y de que el
Cabildo de Tenerife ha expresado hasta en dos informes su posición
contraria al proyecto del promotor grancanario.
El juez, además
de recordar jurisprudencia del Tribunal Supremo, alude a la doctrina fijada
por el Constitucional sobre "la primacía de la protección
de los recursos biológicos naturales" cuando el levantamiento de
una suspensión afecte a intereses "específicamente medioambientales".
Aunque el juez
no reproduce de nuevo los argumentos que le llevaron a dictar la suspensión,
el auto de 11 de noviembre recogía la existencia de un informe desfavorable
del Servicio Administrativo de Empleo, Desarrollo Económico y Comercio
del Cabildo de Tenerife para un proyecto de parque comercial en la misma
parcela, lo que, en opinión del titular del Juzgado, permite que
se cumpla uno de los requisitos necesarios para dictar la suspensión
cautelar: hay finalidad legítima en el recurso "puesto que proyectos
similares han sido rechazados en esa misma zona".
Al paralizarse
judicialmente las obras se hacía referencia a que de continuar con
los trabajos autorizados por el Ayuntamiento de Adeje se podrían
crear "situaciones jurídicas y alteraciones del medio físico
difícilmente reversibles". Para el juez, ante la duda legal que
se plantea alrededor del parque comercial, "prevalece el interés
general en la tutela de la ordenación del territorio y de los recursos
naturales". Es decir, el daño que se puede causar está por
encima del interés del promotor, que siempre puede ser "susceptible
de reparación económica" en el caso de que finalmente se
le dé la razón en el pleito.
Por su parte,
el Gobierno de Canarias tendrá que resolver el expediente para la
obtención por parte de Tropicana Atlántico SL de la licencia
comercial, para lo que ha ampliado el plazo en seis meses.
El presupuesto
de los trabajos del futuro parque comercial, que se prevé levantar
en una zona protegida por el Plan Insular de Ordenación del Territorio
(PIOT), supera los 21 millones de euros, según consta en la propuesta
presentada por Tropicana SL en el Ejecutivo canario. La infraestructura
prevé ocupar una superficie total de 176.196 metros cuadrados y
contará con 2.099 aparcamientos. El área de influencia, según
estimaciones de la propia empresa, supera un ámbito de población
de más de 200.000 personas.
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