La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, y el concejal de Urbanismo, Josep Maria Montaner, han presentado  el Plan para el Derecho a la Vivienda, que contempla incrementar en un 77 % la media anual que hasta ahora ha destinado el ayuntamiento a la construcción de viviendas sociales.

El ayuntamiento espera crear 29.000 puestos de trabajo con las nuevas propuestas programadas para propiciar "cambios estructurales que lleven a un nuevo paradigma y a un nuevo modelo para abordar las necesidades actuales, como la emergencia habitacional, o las dificultades para pagar el alquiler de las clases populares y medias", según ha afirmado Ortiz.

El gobierno municipal considera, ha dicho Ortiz, que la vivienda es un "derecho" y un servicio público al que deben tener acceso todas las personas "que viven y quieren seguir viviendo en Barcelona", y que la falta de hogar representa la primera causa de riesgo de exclusión.

El Plan se articula a partir de cuatro ejes y pone sobre la mesa la emergencia social, el buen uso de la vivienda, nuevas promociones en el sector y el impulso de la rehabilitación de edificios para convertirlos en hogares.
 

PLAN POR EL DERECHO A LA VIVIENDA EN BARCELONA

El plan quiere atender las emergencia, garantizar el buen uso de las viviendas, rehabilitación y construir 8.000 pisos de alquiler hasta 2020. “El plan entiende que la vivienda es un derecho y un servicio público”, resumió la teniente de alcalde Laia Ortiz.

Para toda la década la previsión presupuestaria del plan es de 1.666 millones de euros, un 77% más de media anual que en el plan anterior (2008-2015). El concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner destacó que el plan tiene en cuenta las necesidades de los distritos y que creará 29.000 empleos.

Los exactamente 8.096 pisos con los que el Ayuntamiento quiere ampliar el parque asequible en 2020 pasan por los que se construyan gracias a un amplio abanico de fórmulas: el planeamiento en curso; los dotacionales (para colectivos como personas mayores en suelo de equipamientos); construidos por el Patronato Municipal de la Vivienda; en derecho de superficie sobre suelo municipal; por cooperativas de cesión de uso; comprados por el Ayuntamiento mediante el derecho de tanteo y retracto o movilizando pisos que cedan particulares, sean vecinos o grandes propietarios. Incluso prevé construir vivienda social en remontas (sobre edificios ya construidos) o en locales comerciales vacíos. 

La otra fórmula es la futura empresa, inspirada en las housing asociations, Asociaciones de Vivienda que existen en países como Holanda, Francia, Austria o el Reino Unido.

La nueva sociedad, la Asociación de Vivienda Asequible, explica el gerente de Vivienda, Javier Burón, tendrá tres tipos de socios: el capital público (probablemente suelo); el de inversores o financieros que quieran construir y gestionar los pisos; y también particulares, vecinos de la ciudad que puedan comprar acciones. Los destinatarios de estas viviendas, como en el resto de fórmulas, serán personas inscritas en el registro de solicitantes de vivienda pública. La empresa licitará la participación de empresas capaces invertir y de gestionar parques públicos. No obtendrán una gran rentabilidad, pero tendrán poco riesgo y la seguridad de que los parques de alquiler público tienen una ocupación del 100%. “Son pisos que nunca se podrán vender, porque el negocio del socio es alquilar”, subraya Burón, que destaca la posibilidad de los particulares puedan comprar acciones. En ayuntamiento piensa en aportaciones particulares de mil euros.

RECONVERTIR LOCALES

En Barcelona, las grandes bolsas de suelo público se concentran en pocas zonas y casi el 80% del potencial de 20.000 pisos protegidos está en los distritos de Sants Montjuïc, Sant Andreu o Sant Martí, que son las áreas donde ya existe más oferta pública. De todas, con diferencia, el mayor paquete está en La Marina, en la Zona Franca, donde están previstos más de 4.500. Por ello el plan prevé crear vivienda en suelo urbano consolidado, la trama construida de la ciudad. Mediante modificaciones del planeamiento el plan municipal prevé convertir en viviendas locales comerciales. “Locales que no sean determinantes para el tejido comercial”, indicó Laia Ortiz. “Y siempre que cumplan requisitos en términos de habitabilidad y limitando el precio”, añadió Burón. Serán locales convertidos en pisos de propiedad privada pero de nuevo para solicitantes del registro oficial. Igual que si se permite levantar nuevas viviendas en un inmueble que no ha agotado su techo edificable. O si se divide en dos un piso muy grande.

SOLARES VACÍOS

Se activará un Registro de Solares sin Edificar y, con la Ley de Urbanismo en la mano, podría llegar a “forzar” a la propiedad a construir o hacerlo subsidiariamente. “No es un camino sencillo”, admitió el gerente. “En muchos distritos hay solares que han estado años vacíos, degradándose y generando problemas de salud pública a la espera del comportamiento del mercado, esperando que subieran los precios”, justificó la teniente de alcalde.

VIVIENDA PRIVADA

El plan quiere mejorar los esfuerzos en los programas ya existentes para captar pisos de pequeños propietarios. Ayudarles si hay que hacer alguna reforma y garantizar el pago de la renta por parte de los inquilinos. Para captar pisos de grandes propietarios (como la Sareb o entidades financieras) se firmarán convenios como los ya firmados.

DERECHO DE TANTEO Y RETRACTO

Los instrumentos que tiene el Ayuntamiento para comprar pisos y destinarlos al alquiler público es ejercer el derecho de tanteo y retracto (compra preferente) o a entidades financieras a través de convenios, además del mercado privado. Más allá de la construcción, compra y captación de pisos para incrementar el parque de alquiler, el Plan por el Derecho a la Vivienda también contempla medidas en materia DE rehabilitación valoradas en 150 millones de euros.