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NOTICIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, URBANISMO E INMOBILIARIO.

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24 de octubre de 2016
 
NOTICIA ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©
¿INDEMNIZAR O RENEGOCIAR 60 RECLAMACIONES POR 20 PLANES URBANÍSTICOS ANULADOS?
¿Qué aprendo?
Se analiza en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de la Comunidad Valenciana. La anulación del plan Rabassa de Alicante, el Plan General de Ordenación Urbana de Dénia, el plan de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Valencia, o el programa de Porxinos en la localidad valenciana de Riba-roja, no le va a salir gratis a la Generalitat valenciana y a los ayuntamientos valencianos. Tras la anulación de varios planes urbanísticos que el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) los promotores inmobiliarios ha reclamando 316 millones de euros y ahora la Generalitat y algunos ayuntamientos valencianos temen perder los juicios. Si se pierden, y es seguro que algunos se perderán, lo más rentable es renegociar para no tener que indemnizar. La consellera de Vertebración del Territorio, María José Salvador ha reconocido que de momento hay 60 reclamaciones por responsabilidad patrimonial y varias ya han agotado la vía administrativa. Aunque la Consejera no lo ha mencionado, no todas las reclamaciones obedecen a motivos judiciales sino que muchas provienen de las decisiones políticas del nuevo gobierno que quiere impedir la promoción inmobiliaria en zonas donde los promotores tienen derechos consolidados desde hace años.
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La responsabilidad de la Generalitat valenciana es evidente en los planes urbanísticos que se aprobaron sin contar con todos los informes de la confederación hidrográfica o las evaluaciones medioambientales. 

La reclamación más cuantiosa se sitúa en la localidad alicantina de Dénia, que acumula más de 71 millones de euros (el Supremo anuló definitivamente el plan general transitorio en 2012), seguida de la Zona de Actividades Logística de Valencia(54,9 millones) o el plan urbanístico de los Puentes del Algar, en Altea (30,8 millones). 

En la relación de procedimientos emergen otras iniciativas mediáticas, como el Plan de Actuación Integrada (PAI) de Rabassa, en Alicante (30,2 millones), o el de Porxinos, en Riba-Roja del Turia (19,4 millones). 

Entre las reclamaciones también figuran las correspondientes a la anulación de otras actuaciones urbanísticas en Vilafamés, en la provincia de Castellón; Algimia de Alfara, Ribarroja, Alboraya, La Torre, Torres-Torres, Náquera, Requena, Benetússer, Xeresa y Barxeta, en la provincia de Valencia; y Alicante, Finestrat, Tabarca, Altea y Novelda, en la provincia de Alicante.

Se esperan nuevas demandas, entre las que presumiblemente figurará Marina d'Or Golf. El planeamiento de este macro complejo, valorado en 6.000 millones de euros, fue anulado en febrero de 2016.

Legalmente, los damnificados por negligencias en la tramitación de un plan urbanístico (tanto promotores como propietarios particulares de suelo que han visto devaluado su valor) pueden requerir compensaciones económicas a la Administración. Las reclamaciones recogen desde los costes de diseño y de redacción de los proyectos a una indemnización por la adquisición de suelo pasando por una estimación de las expectativas legítimas. 

 
ANTECEDENTES

17 de junio de 2016 

NOTICIA ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. © 
EL LARGO PROCESO INDEMNIZATORIO POR EL URBANISMO DE RABASA 
¿Qué aprendo? 
Se analiza en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de la Comunidad Valenciana. El ayuntamiento de Alicante analizará las reclamaciones de responsabilidad patrimonial y de indemnización por supuestos daños y perjuicios causados por la declaración de nulidad tanto del Programa y Plan Parcial del sector "Lagunas de Rabasa", como por la nulidad de la adjudicación como agente urbanizador de Viviendas Sociales del Mediterráneo, VISOMED, actual Alicante Avanza". Un equipo jurídico integrado por miembros de la asesoría jurídica municipal y de la Concejalía de Urbanismo estudiará en detalle el contenido de las reclamaciones, que serán resueltas en los plazos legales previstos, es decir, seis meses (ampliables en otros seis). El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) anuló en abril de 2003 la aprobación inicial del Plan Rabasa llevada a cabo por el Ayuntamiento de Alicante en junio de 2006 a una empresa de Enrique Ortiz (Viviendas Sociales del Mediterráneo) que dejaba sin efecto también la posterior aprobación del mismo planeamiento urbanístico concedida por la Generalitat Valenciana en mayo de 2009. Las reclamaciones entienden que esa anulación es imputable a una deficiente tramitación del citado plan por parte de consistorio y Generalitat. 
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Siete son las reclamaciones presentadas el pasado 10 de junio en el registro municipal "de responsabilidad patrimonial y de indemnización por supuestos daños y perjuicios causados por la declaración de nulidad tanto del Programa y Plan Parcial del sector "Lagunas de Rabasa", como por la nulidad de la adjudicación como agente urbanizador de Viviendas Sociales del Mediterráneo, VISOMED, actual Alicante Avanza". 
Las siete se dirigen de forma conjunta contra el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana y suman un importe de 20,4 millones de euros. VISOMED reclama 11,27 millones, la mercantil Urbanika Proyectos Urbanos SL 6,77 millones, a 1,49 millones asciende la cantidad que pide Cerámica La Florida SL, Valle Levante SL exige la cantidad de 625.000 euros, mientras que Ortiz Desarrollos Urbanísticos pide 246.000 euros. Por último, Camservi Obrasa y Servicios y Nuevo Garbinet SL solicitan 22.000 y 4.200 euros respectivamente. 
Miguel Angel Pavón, edil de Urbanismo, explica que el equipo de Gobierno ha decidido dar traslado de las reclamaciones a la asesoría jurídica municipal y a los servicios jurídico de la concejalía. De esta forma, se va a constituir un equipo jurídico que estudiará en detalle su contenido y las reclamaciones serán resueltas en los plazos legales previstos (seis meses que se pueden ampliar otros seis). 
Asegura, como se recoge en un comunicado, que se va a anteponer en todo momento la defensa de los intereses municipales y del interés general de la ciudad frente a las pretensiones de empresas, en su mayoría vinculadas a Enrique Ortiz. Recuerda que estas mercantiles promovieron un plan aprobado por el PP local y autonómico en la época de Díaz Alperi, Castedo y Camps. Un plan, insiste, especulativo que fue tumbado en los tribunales tras los recursos interpuestos por distintos actores sociales y políticos de la ciudad 


 
 
 
 
 

 

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