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NOTICIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, URBANISMO E INMOBILIARIO.

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27 de enero de 2016
 
NOTICIA ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©
LAS PRESCRIPCIONES URBANÍSTICAS UNA REALIDAD EN TENERIFE
¿Qué aprendo?
Se analiza en la guía práctica inmoley.com de la inspección urbanística y en la guía del urbanismo de Canarias. En ellas se trata del certificado de Prescripción de Infracción Urbanística. El reconocimiento por la administración de la prescripción de infracción urbanística por la construcción de inmuebles, transcurridos más de cuatro años desde su total terminación sin licencia. Mientras que el plazo de reacción de restauración de la legalidad urbanística es de caducidad por el contrario, el del ejercicio de la potestad sancionadora se concibe de prescripción. El plazo de la caducidad de un expediente para poder restablecer la legalidad urbanística es de cuatro años. En un caso de restablecimiento de la legalidad urbanística, no cabría hablar en ningún caso de prescripción, pero sí de caducidad de la acción administrativa si ha transcurrido el plazo establecido de los cuatro años. En lo que se refiere al inicio de los plazos, tanto el plazo de cuatro años de caducidad como el plazo para la prescripción de las infracciones comenzará a correr desde el día de la aparición de signos externos que permitan conocer los hechos constitutivos de la infracción. Pero el expediente de restauración de la legalidad urbanística y el expediente sancionador, difieren en su naturaleza y significado jurídico. Mientras que el plazo de reacción de restauración de la legalidad urbanística es de caducidad por el contrario, el del ejercicio de la potestad sancionadora se concibe de prescripción. Tratándose de un plazo de caducidad, no admite interrupción por lo que es dentro de los cuatro años el momento en que la Administración ha de dictar y notificar legalmente al interesado la Orden de Legalización o la audiencia previa para iniciar el procedimiento de la Restauración de la Legalidad Urbanística.
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En 2015 se incoaron 1.895 expedientes de inspección urbanística y actividades en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Estos se suman a los 8.664 que se iniciaron en periodos anteriores y que todavía están pendientes de resolución en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital, algunos de los cuales corresponden a 2008. 

El concejal responsable del área de Urbanismo y tercer teniente de alcalde en el Ayuntamiento, Carlos Garcinuño, muestra su preocupación sobre estos datos y asegura que se tomarán medidas para "ser más eficientes" en la tramitación de los expedientes.

"Debemos reflexionar sobre lo que ha estado ocurriendo en el municipio. Me sentaré con todo el personal de inspección urbanística para que se proceda a una mejor organización del trabajo. Es cierto que los procedimientos para estos expedientes conllevan su tiempo y están marcados por la normativa, pero también debemos reconocer que en materia de Urbanismo, en general, ha existido cierta tolerancia por parte de la administración y de los propios ciudadanos. Parece que aquí antes se podía hacer de todo en la ciudad y no pasaba nada", manifiesta el edil.

Carlos Garcinuño también admite que en algunos casos, como ocurrió con la antigua fábrica de Celgán cuya demolición finalmente tuvo que asumir el Ayuntamiento capitalino, las sanciones interpuestas a empresas y a particulares caducan, "cuestión que también tenemos que corregir". "Debemos aumentar el control sobre lo que se hace mal y cobrar todas aquellas multas que se pongan", añade el responsable de la Gerencia de Urbanismo en Santa Cruz.

El edil comenta que también le preocupan las "prescripciones urbanísticas". "No es justo para alguien que paga su tasa y realiza todos los trámites para obtener una licencia que otra persona construya o haga algo ilegal y que a los cuatro años dicha ilegalidad prescriba sin que se haya hecho nada por parte de la administración correspondiente. Durante algún tiempo la administración dejó a un lado sus funciones para favorecer la cultura de la autoconstrucción. A esto hay que ponerle fin", apunta Carlos Garcinuño.

En concreto, de los 8.664 expedientes correspondientes al periodo 2008-2016, más de 4.000 se refieren a casos de disciplina urbanística (por ejemplo solares abandonados o construcciones que suponen un peligro); 1.456 están relacionados con la Inspección Técnica de Edificios; 614 se refieren a denuncias de locales planteadas por la Policía o por los propios vecinos; 513 están relacionados con actividades clandestinas que se están llevando a cabo en el municipio, como comercios o restaurantes que están funcionado sin licencias, y 391 corresponden a prescripciones urbanísticas. Asimismo, 420 expedientes se refieren a órdenes de ejecución subsidiaria; 192 a sanciones de actividades y 113 a sanciones por obras; 148 a reclamaciones del padrón; 109 a colaboraciones con el área de Atención Social; 42 a declaraciones de ruina de edificios o viviendas; 22 a compras y contrataciones, y 615 a otras inspecciones.

De los 1.895 expedientes iniciados el año pasado, 741 están relacionados con la Inspección Técnica de Edificios; 569 con la disciplina urbanística; 110 con órdenes de ejecución subsidiaria; 108 con denuncias de locales; 97 con reclamaciones del padrón; 71 con actividades clandestinas; 52 con prescripciones urbanísticas; 39 con la colaboración con el área de Atención Social; 22 con compras y contratación; 14 con sanciones a locales; 12 con declaraciones de ruina; siete con sanciones por obras y 53 con otras inspecciones.
 


 
 
 
 
 

 

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