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22 de enero de 2016
 
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EL CONTROL DEL FRAUDE DE LA OBRA PÚBLICA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS
¿Qué aprendo?
Se analiza en la guía práctica inmoley.com de obra pública. A raíz del caso Acuamed, se ha comprobado que el Tribunal de Cuentas ya emitió un informe de fiscalización sobre las sociedades estatales de aguas, señalando que “sería recomendable que se valorara la necesidad de seguir manteniendo esta modalidad de instrumentos de gestión, en particular si se tiene en cuenta que estas sociedades se encuentran sometidas en un grado significativamente menor que la Administración General del Estado a las normas del derecho presupuestario y administrativo”, concluyó el órgano fiscalizador de las cuentas públicas. El presidente del tribunal de cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, señaló a raíz de la publicación de este informe que la financiación de obras hidraúlicas se llevaba a efecto mediante fondos propios de la Sociedad Estatal de Aguas, con aportaciones de instituciones públicas o de sujetos privados, con cargo a fondos de la UE o bien acudiendo a los mercados financieros.
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El documento apunta también "discrepancias" entre las actuaciones a desarrollar y el coste de estas inversiones así como "desviaciones significativas" en materia presupuestaria.

En este sentido, el Tribunal de Cuentas recomienda que, a la vista del "escaso avance en su efectividad como motor de avance de las inversiones", se replantee la existencia de las Sociedades Estatales de Aguas.

"Sería recomendable que se valorara la necesidad de seguir manteniendo esta modalidad de instrumentos de gestión, en particular si se tiene en cuenta que estas Sociedades se encuentran sometidas en un grado significativamente menor que la Administración General del Estado a las normas del derecho presupuestario y administrativo", insiste el documento presentado por Álvarez de Miranda.

Asimismo, propone al Gobierno que ponga en marcha medidas y procedimientos que "ayuden a realizar unas previsiones más realistas, tanto en el diseño como en los plazos y costes de las actuaciones, minimizando las desviaciones en la ejecución de los presupuestos motivadas por errores y defectos" en la fase de planificación.

Además, manifiesta el "escaso avance" de estas sociedades estatales en el objetivo de su creación, que era "dar una respuesta eficaz" a la inversión y la gestión de las obras hidráulicas competencia del Estado, tanto en la construcción como en la explotación de las mismas.

El órgano fiscalizador recuerda también que la Unión Europea ha abierto a España dos procedimientos de infracción, uno por el incumplimiento de la obligación marcada por la Directiva Marco del Agua, y otro por su deficiente trasposición al ordenamiento jurídico español.

Fue en 1996 cuando el Consejo de Ministros autorizó la creación de un total de 13 sociedades estatales de aguas, como instrumento de gestión directa de las competencias de la administración general del Estado en materia de obras hidráulicas. Su finalidad consistía en acometer la gestión directa de la construcción o explotación de obras públicas hidráulicas.

Como consecuencia del plan de racionalización del sector público empresarial estatal de 2010 y del plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional estatal de 2012, se llevaron a cabo varios procesos de fusión que habían dejado reducidas las sociedades estatal de aguas de capital íntegramente de titularidad estatal a cuatro: ACUAMED, ACUASUR, ACUANORTE Y ACUAEBRO.

Un proceso de fusiones, según ha ultimado, que culminó en noviembre de 2012, con efectos contables a partir del 1 de enero de 2013, mediante la formalización del acuerdo de fusión de ACUASUR, ACUANORTE Y ACUAEBRO.

CASO ACUAMED

Desaladora de Torrevieja

Se trata de la mayor instalación de este tipo de Europa, y una de las más caras. La obra fue adjudicada a una Unión Temporal de Empresas (UTE) liderada por Acciona Infraestructuras y participada por Infilco Española, Pridesa Proyectos y Servicios y Romymar. El director de infraestructuras de Acciona, Justo Vicente Peregrini es uno de los 13 detenidos por la Guardia Civil.

Desoladora en el Bajo Almanzora

Municipio Almeriense de Cuevas de Almanzora. Los adjudicatarios son FCC, sus filiales Aqualia Servicios y Aqualia Infraestructuras y Befesa, antigua filial de Abengoa vendida en 2013 al fondo Tritón. Está inutilizada desde una riada que tuvo lugar en 2012. El presidente de FCC Construcciones, Miguel Jurado, es otro de los detenidos.

Eliminación de la contaminación química del Embalse de Flix

Otro contrato bajo sospecha concedido a FCC es el de las obras de eliminación de la contaminación química del Embalse de Flix, en Tortosa (Tarragona). El objetivo de la actuación era la retirada de casi 300.000 toneladas de residuos tóxicos acumulados en el vaso del citado embalse del río Ebro.

Mutxamel y Campello

El proyecto de refuerzo de las redes de abastecimiento de los términos municipales de Mutxamel y de Campello (Alicante) fue adjudicado en 2014 a Altec Ifraestructuras, actualmente Altyum Proyectos y Obras. Su presidente y consejero delegado, Nicolás Steegmann, es otro de los detenidos. 

Rambla Gallinera
Las obras de Laminación y mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera en Adsuvia y Oliva (Valencia) fueron adjudicadas en septiembre de 2009 a la UTE formada por Sogeosa y Torrescámara y Cia de Obras.
 

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONVENIOS DE GESTIÓN DIRECTA VIGENTES ENTRE LAS SOCIEDADES ESTATALES DE AGUAS Y EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO DURANTE LOS EJERCICIOS 2010-2011


 
 
 
 
 

 

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