| El gobierno
canario ha preparado un anteproyecto de ley que reformará algunos
aspectos de la ley del suelo de Canarias que simplificará los trámites
de planeamiento urbanístico, "desgranará competencias hacia
los ayuntamientos y los cabildos" y respetará el medioambiente,
según ha anunciado el presidente canario, Fernando Clavijo.
Esa nueva ley,
cuyo articulado se conocerá a finales de enero y se someterá
al debate de los diversos sectores, tratará de "desgranar las competencias
hacia los cabildos y ayuntamientos" y evitar "la duplicidad o bicefalia"
por la que actualmente un cabildo propone y es la comunidad autónoma
la que finalmente aprueba, ha considerado Clavijo.
La intención
es que la norma sea "lo más simple y lo más segura posible",
además de respetar el medio ambiente, ha asegurado el presidente
canario durante una rueda de prensa en la que ha anunciado los objetivos
de su gobierno para el próximo semestre.
"En ningún
caso va a ser una ley que vaya a consumir más suelo. Todo lo contrario,
lo que va a hacer a ordenar, simplificar y dar seguridad al suelo que está
clasificado", ha dicho Clavijo.
LA MORATORIA
TURÍSTICA
El presidente
del Gobierno canario, Fernando Clavijo, afirmó que "está
por ver" que los empresarios tengan derecho a indemnizaciones económicas
tras las sentencias del Tribunal Supremo relacionadas con la segunda moratoria
turística. "Los fallos judiciales no les reconoce ningún
tipo de derecho indemnizatorio a los recurrentes", añadió.
Varias sentencias
del Supremo favorecen a las empresas que recurrieron la negativa del Gobierno
a recalificar suelo turístico en rústico para luego ser indemnizadas,
tal y como recogía el artículo 17 de la Ley de Medidas Urgentes
de 2009. Hasta el momento, los empresarios que han ganado los recursos
elevan los supuestos derechos a 167 millones de euros en ocho demandas.
El Ejecutivo
prepara su respuesta legal a estas reclamaciones para evitar pagar mediante
una ley que se aprobará en el Parlamento. Clavijo puntualizó
que "los fallos reconocen a las empresas el derecho de los promotores a
la tramitación de los planes parciales y, a partir de ahí,
ya se verá si tienen derecho o no a indemnizaciones, con lo cual
queda mucho por ver".
EL PROBLEMA
DE LAS SENTENCIAS
El Gobierno
de Canarias está analizando las primeras sentencias del Tribunal
Supremo (TS) que le obligan a iniciar los trámites para indemnizar
al Grupo Lopesan por las limitaciones impuestas a sus proyectos turísticos
en Gran Canaria y Fuerteventura. Sobre la mesa de los servicios jurídicos
regionales hay dos opciones: devolver los derechos de los terrenos afectados
por la segunda moratoria o afrontar las compensaciones económicas
previstas en la Ley de Medidas Urgentes sobre la Ordenación del
Turismo.
La Sección
Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS, con el voto
particular del magistrado José Juan Suay Rincón, ha confirmado
cinco sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que
condenan a la Administración a reclasificar el suelo y fijar las
indemnizaciones procedentes. Ese procedimiento, que viene regulado en el
artículo 17 de la Ley de Medidas Urgentes, establece un mecanismo
para resarcir a los propietarios que tengan sus derechos urbanísticos
bloqueados por la Ley de Directrices de 2003 (primera moratoria), siempre
y cuando se trate de suelo urbano de uso turístico y que esos derechos
de edificación estén consolidados.
La fórmula
consiste en reclasificar las parcelas como suelo rústico de protección
territorial, "con la consecuente indemnización de los aprovechamientos
edificatorios congelados por la moratoria", según establece el Supremo
al confirmar las sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso del
TSJC.
Empresas comoHijos
de Francisco López Sánchez SA, Dehesa de Jandía SA
y Maspalomas Golf SA han decidido acogerse a la ley para reclamar compensaciones
ante la imposibilidad de levantar los hoteles proyectados en el sur de
Gran Canaria y Fuerteventura. La indemnización solicitada por esas
tres empresas, que están vinculadas al Grupo Lopesan, asciende a
104 millones sin incluir los intereses, según las cinco resoluciones
firmes que ratifican los argumentos de la Sala de Canarias.
El TSJC, con
el magistrado Javier Varona como ponente, ha fallado a favor de Lopesan
y de otras compañías al interpretar que el Gobierno de Canarias
aceptaba la petición del empresario para reclasificar su suelo,
pues la Administración no respondió en el plazo previsto
y los jueces del tribunal canario consideran que ese silencio administrativo
es positivo, es decir, favorable a los intereses del demandante. Esa es
la opinión mayoritaria del Supremo, con la excepción de Suay,
que abogó por estimar el recurso del Gobierno al interpretar que
el silencio administrativo tiene efectos negativos.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En relación
con la sentencia del Tribunal Constitucional que echó abajo la prohibición
de construir hoteles que no fueran de cinco estrellas, Clavijo lo enmarcó
en la reforma territorial que quiere desarrollar el Gobierno. En este caso,
el jefe del Ejecutivo regional señaló que es partidario de
que cualquier limitación del crecimiento turístico no debe
ser por la vía de la calificación de los hoteles por estrellas
sino con otro tipo de instrumentos urbanísticos.
En este sentido,
la nueva Ley del Suelo que promueve el Ejecutivo saldrá a exposición
pública a finales de enero y en la misma se pretende simplificar
toda la ordenación territorial, incluidos los suelos calificados
para el uso turístico. "Interesa que la normativa sea lo más
simple y segura posible, que se desgranen las competencias hacia los cabildos
y ayuntamientos y que sea respetuosa con el medio ambiente", agregó
Clavijo como objetivos de la nueva legislación sobre el territorio.
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