ANTECEDENTES
NOVIEMBRE 2013
«Anulamos
dicho acto por no ser conforme a derecho». Así, en nueve palabras,
la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
(TSJ) ha anulado la aprobación definitiva parcial del Plan General
Municipal de Ordenación de Puerto Lumbreras, aprobada en mayo de
2007 -poco antes de las elecciones autonómicas y municipales- a
través de una resolución del entonces consejero de Obras
Públicas, Joaquín Bascuñana. El ahora delegado del
Gobierno dejó el cargo en julio en manos de José Ballesta.
En la Alcaldía del municipio estaba Pedro Antonio Sánchez,
actual consejero de Educación, Universidades y Empleo.
Entre otras
razones, la sala declaraba nula la resolución por considerar que
no se tuvo en cuenta un informe preceptivo de la Confederación Hidrográfica
del Segura, en el que el organismo de cuenca advertía de que «la
demanda global para abastecimiento a poblaciones en el ámbito de
la CHS excede a las asignaciones previstas para este uso, lo que genera
un importante déficit».
El fallo
está incluido en una sentencia emitida el pasado 4 de octubre, que
estima en parte el recurso contencioso-administrativo presentado por los
entonces concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras Pedro
Guirao y Francisca Rosario Ayala.
El organismo
de cuenca añadía en su informe que «en las circunstancias
actuales» -refiriéndose al año 2007-, «y hasta
que no se generen nuevos recursos procedentes de la desalación de
agua marina de acuerdo con las previsiones, a corto plazo, del Programa
A.G.U.A., no existen recursos hídricos suficientes para satisfacer
dichas nuevas demandas».
La sala,
presidida por la magistrada María Consuelo Uris, estima en sus fundamentos
de derecho que «ante el informe desfavorable de la Confederación
Hidrográfica del Segura por insuficiencia de recursos hídricos,
debió denegarse dicha aprobación, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 137 de la Ley del Suelo regional», que establece
que cuando «los actos o planes de las Comunidades Autónomas
o las entidades locales comporten nuevas demandas de recursos hídricos,
el informe de la Confederación Hidrográfica se pronunciará
expresamente sobre la existencia o inexistencia de recursos suficientes
para satisfacer tales demandas».
Además
del informe desfavorable sobre los recursos hídricos necesarios
derivados del Plan General, la Comisión de Coordinación de
Política Territorial de la Comunidad Autónoma puso de manifiesto
que el estudio económico y financiero del mismo «no garantiza
suficientemente la viabilidad de las previsiones», citando como causas
la escasa capacidad de endeudamiento, el coste previsto para las inversiones
que repercuten en la corporación y en la Comunidad Autónoma,
y en la previsión de ingresos derivados de los convenios urbanísticos».