La alcaldesa,
Carmen Hernández asegura que, desde este momento, los expedientes
se encuentran custodiados bajo llave en varios archivos de la Concejalía
de Urbanismo. Asimismo, el grupo de Gobierno ha criticado que el exconcejal
de este área, Pablo Rodríguez, "aún conociendo estos
hechos", no haya tomado medidas al respecto.
Esta situación
se ha denunciado a la fiscalía por el propio ayuntamiento.
En relación
a ortos asuntos judiciales, el acuerdo alcanzado en los juzgados de Telde
para zanjar con una indemnización de 247.000 euros el conflicto
con dos de los propietarios de la parcela del barrio de La Pardilla donde
se levanta una tienda de la multinacional Decathlon no paraliza el procedimiento
penal abierto contra María del Carmen Castellano. La exalcaldesa
de este municipio fue denunciada por la Fiscalía Provincial de Las
Palmas por un presunto delito de desobediencia al no haber ejecutado en
los términos estipulados la sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias (TSJC) que anuló el convenio urbanístico que
permitió la construcción del establecimiento.
Según
ha informado a este periódico un portavoz del Ministerio Público,
la infracción por la que el 27 de octubre de 2014 la fiscal Blanca
Iris Hernández solicitaba la apertura del procedimiento penal y
la imputación de Castellano “no tiene por qué haber desaparecido”
con la decisión adoptada por el gobierno local el pasado mes de
enero de acudir a la mediación judicial para solventar el problema.
“Cuando alegue,
se valorarán sus actuaciones” para hacer cumplir la sentencia, ha
precisado la Fiscalía, que ha añadido que aún no se
ha fijado fecha para la declaración de la exalcaldesa, que ya han
ofrecido su testimonio en el Juzgado de Instrucción número
3 de Telde varios testigos y que aún deben comparecer “algunos más”
antes de que Castellano sea citada.
Las mismas
fuentes afirman que el juzgado ha rechazado un intento de personación
como acusación particular, sin que hayan trascendido nombres, al
considerar que, por la naturaleza del delito de desobediencia, “no hay
una persona perjudicada como tal”. La Fiscalía matiza, no obstante,
que esto no es obstáculo para que se puedan personar en la causa
como acusación popular. En cualquier caso, “el procedimiento continúa”
abierto a la espera de los nuevos señalamientos.
María
del Carmen Castellano fue sancionada en enero de 2013 con una multa de
1.000 euros por los reiterados incumplimientos de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del TSJC de octubre de 2009 que anulaba
el convenio firmado cinco años antes entre el Ayuntamiento de Telde,
entonces gobernado por el PP y Ciuca, y las empresas Promociones Horneras,
propiedad de Ambrosio Jiménez, y Cicar. El Ayuntamiento dejó
fuera del convenio a pequeños propietarios, lo que dio origen al
pleito resuelto recientemente a través de la mediación judicial.
Tras acceder
Castellano a la Alcaldía, en junio de 2011, el Ayuntamiento recibió
una providencia de la magistrada María Olimpia del Rosario, del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas
de Gran Canaria, en la que le otorgaba un plazo de diez días para
cumplir una de las exigencias de la sentencia: la apertura de un expediente
para declarar la lesividad del desarrollo urbanístico de la parcela.
Tres meses más tarde, el requerimiento fue notificado de forma personal
a la regidora popular.
A partir de
ese momento, se sucederían los autos y las providencias del juzgado
instando a cumplir la sentencia. En veinte meses no hubo ni una sola respuesta.
La primera llegó en febrero de 2013. Era el recurso contra la multa
de 1.000 euros a la alcaldesa.
En su denuncia,
la Fiscalía puso de manifiesto que el juzgado había explicado
a Castellano “hasta la saciedad” de qué modo debía ejecutar
la resolución judicial de 2009, con la reposición de los
terrenos a los pequeños propietarios o con una indemnización
por el valor de los mismos.
Ya en noviembre
del año pasado, ya con la denuncia de la Fiscalía en manos
del Juzgado decano de Telde, cuando el Ayuntamiento decidió incoar
el expediente de lesividad del desarrollo urbanístico. En enero
el Consistorio acudió a la mediación judicial y dos meses
más tarde, el 3 de marzo, los servicios jurídicos emitieron
un informe en el que rechazaban la declaración de lesividad del
desarrollo urbanístico admitiendo los recursos de Promociones Horneras,
Decathlon y Cicar, que defendían que habían transcurrido
más de cuatro años desde la fecha en la que se dictó
la sentencia. Los letrados del Ayuntamiento entendían que la resolución
judicial obligaba a incoar el expediente, pero no a declarar la lesividad.
Según
anunció la pasada semana el nuevo grupo de gobierno, el Ayuntamiento
deberá ahora desarrollar un proyecto de compensación para
legalizar todas las actuaciones desarrolladas en esa parcela. Un proyecto
con el que espera recuperar el 10% del aprovechamiento del suelo que tenía
que pagar el promotor todos los años.
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