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NOTICIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, URBANISMO E INMOBILIARIO.

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6 de agosto de 2015
 
NOTICIA ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©
LEGALIZACIONES DE VIVIENDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS
¿Qué aprendo?
Se analiza en la guía práctica inmoley.com de la inspección urbanística, viviendas ilegales y en la guía del urbanismo de Galicia. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra ha admitido la solicitud de paralización de derribo al Concello de Sanxenxo para que el bloque B del edificio Progreso, situado en la calle del mismo nombre, no caiga bajo la piqueta. Un auto judicial reconoce que el derribo es inejecutable, porque «de lo contrario se estaría exigiendo la demolición de un edificio que en la actualidad sería legal, ajustado al planeamiento vigente y gozaría de licencia». Esta legalización se hizo posible tras la aprobación de la modificación puntual número dos del PXOM. Este cambio urbanístico corrige, entre otras cosas, la inseguridad jurídica derivada de la aplicación de dos ordenanzas en una misma parcela.
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El Concello argumentó que la modificación puntual permitió a la promotora de las obras la concesión de la licencia de legalización, tras suprimir una piscina. En estas circunstancias, el bloque B queda en unas condiciones que sí se ajustan a la ordenación urbanística de aplicación. El auto reconoce que esta modificación dio respuesta a más cuestiones que la suscitada por la ejecución de la sentencia de demolición y que esta normativa urbanística fue aprobada por la Xunta, Administración distinta a la que había propuesto la inejecutabilidad, que es el Ayuntamiento.

La magistrada estimó un informe del Concello que detalla hasta cuatro zonas del municipio que se vieron afectadas por la modificación, con una situación jurídica análoga a la del bloque B.

La magistrada sí que consideró «poco sincera» la actitud del Concello. Recordó que tras la firmeza de la sentencia que anuló la licencia original, se ordenó el derribo del inmueble. Sanxenxo pidió una prórroga para su puesta en práctica, que se le concedió en el 2012. Después el Ayuntamiento instó una primera inejecución -que fue rechazada- para dar tiempo a fijar una indemnización a los afectados. En una segunda ocasión, Sanxenxo reincidió en su solicitud en base a la modificación del PXOM. La magistrada dice que la intención del Concello de demoler fue «poco sincera», porque dio licencia de primera ocupación al bloque en el 2009, con posterioridad a la sentencia que anuló la licencia de obra.
 


 

 
 
 
 
 

 

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