| El Tribunal
Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ordenó en 2002 la demolición
de esa biblioteca, construida durante el mandato como alcalde del ministro
José Manuel Soria, por vulnerar el planeamiento urbanístico
de la ciudad, al haber eliminado las zonas verdes previstas en la zona
donde se levanta (junto al parque de San Telmo) y haber creado una pantalla
que impide ver el mar.
El Consistorio
de la capital ya había intentado por dos veces salvar la biblioteca
del derribo, primero cambiando el planeamiento del área de San Telmo
para legalizarla, lo que no admitieron los tribunales, y después
pidiendo al Tribunal Supremo que reconociera que la sentencia de demolición
resultaba ya "inejecutable".
Rechazada esa
última vía, acudió al TC para frenar el derribo invocando
el derecho fundamental de los ciudadanos a la cultura y la protección
que la Ley de Patrimonio otorga a todas las bibliotecas públicas,
a las que reconoce como bienes de interés cultural.
El Constitucional
acaba de responderle con una providencia de un solo folio, en la que explica
que no acepta su recurso "dada la manifiesta inexistencia de violación
de un derecho fundamental tutelable en amparo" que le habilite para estudiar
este asunto.
Esta resolución
cierra las vías judiciales al alcance del Ayuntamiento -el propio
texto precisa que contra esta decisión solo puede recurrir ya el
Ministerio Fiscal-, pero el Consistorio ha anunciado hoy que no se resigna
a perder la biblioteca y que tratará de salvarla por la vía
política o por la vía de la negociación con los vecinos
que en su momento denunciaron sus infracciones.
"No contemplo
que la biblioteca se derribe ni mañana, ni pasado, ni dentro de
cinco años", ha señalado la concejal de Cultura de la ciudad,
Encarnación Galván (PSOE), en una rueda de prensa de urgencia
ofrecida en la misma puerta de la instalación cultural.
Galván
ha subrayado que el actual equipo de gobierno municipal (PSOE, Las Palmas
de Gran Canaria Puede y Nueva Canarias) va a intentar hacer todo lo que
esté en su mano para buscar una "solución que sea definitiva",
por tres vías: por la judicial, intentando que la Fiscalía
recurra en su nombre; por la vía política, a través
del Ministerio de Educación; y por la de la negociación con
los vecinos.
El primer teniente
de alcalde y concejal de Urbanismo, Javier Doreste (Las Palmas Puede),
también ha apuntado que no descartan "pedir responsabilidades" a
los cargos públicos que, a su juicio, impusieron su voluntad sobre
los informes técnicos para que esta biblioteca se construyera en
ese lugar a finales de los noventa.
"A esta situación
no se hubiera llegado si un alcalde como el señor Soria o un concejal
de Urbanismo, como el señor Cardona (en alusión al alcalde
de la pasada legislatura, entonces concejal del área) no hubieran
tomado las decisiones que tomaron contra los informes de los técnicos",
ha manifestado Doreste.
El concejal
de Urbanismo considera que este asunto ha causado un grave daño
"moral, económico y social" a la ciudad, y pone en riesgo un equipamiento
del que Las Palmas "no puede prescindir".
"Esta biblioteca
es ante todo un servicio público. Haremos todos los esfuerzos posibles
para llevar a la legalidad", ha apuntado el concejal Galván, después
de revelar que el alcalde, Augusto Hidalgo (PSOE), ya se ha puesto en contacto
con el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle
(PP), para exponerle el caso.
Doreste también
ha opinado que en este asunto no hubiera llegado hasta este punto si en
su día se hubiera negociado con los vecinos que impugnaron las licencias
porque la Biblioteca del Estado les tapaba las vistas al mar de sus viviendas.
Por ello, ha
adelantado que buscarán llegar a un acuerdo con ellos para intentar
frenar el derribo de la instalación, aunque reconoce que puede que
esa no sea la solución definitiva.
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