En materia
de urbanismo, hay que partir de la base de que los nuevos partidos políticos
ven criterios especulativos en las grandes inmobiliarias que han tenido
lugar en las capitales españolas. En especial los convenios en los
que ha habido permutas y que han podido afectar directamente al patrimonio
de suelo.
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En algunas ciudades
el problema se agrava porque el urbanismo se ha judicializado y los ayuntamientos
han recibido sentencias contrarias a los procesos de planeamiento urbanístico
encauzado a aprobar operaciones inmobiliarias de gran tamaño. Por
ejemplo, en Madrid proponen redactar Plan de Urgencia Integral que incluya
la reclasificación de los suelos no desarrollados por el PGOU del
97 y asuma las sentencias de los ámbitos anulados por el Tribunal
Superior de Justicia.
Este proceso de
auditoría
inmobiliaria y urbanística no se va a limitar a desgranar los
trámites realizados, sino que podrán la lupa política
sobre la intencionalidad y legalidad de las cesiones de suelo público
o la afección de vías pecuarias.
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Fuentes consultadas
indican que podrían tratarse de instrumentos jurídicos que
pretendan justificar la paralización de las grandes obras previstas
en las capitales españolas y que generarían miles de puestos
de trabajo.
Hay que recordar
que los nuevos partidos políticos prefieren potenciar la regeneración
y rehabilitación urbanística de los barrios actuales que
no iniciar grandes operaciones con bolsas de vivienda que el mercado no
está en situación de asumir.
En opinión
de los nuevos partidos políticos, se trata de operaciones especulativas
que no inciden en un desarrollo adecuado del urbanismo de las grandes capitales.
La potencia
de los actores involucrados y el nivel de inversiones ya realizadas no
auguran un escenario pacífico si se paralizan los grandes proyectos
inmobiliarios.
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Las mismas fuentes
apuntan a que la complejidad de estos grandes desarrollos urbanísticos
en las grandes capitales implica cesiones de suelo público y aceptación
de gastos de infraestructura a costa de las arcas municipales que difícilmente
pueden pasarse por alto en un proceso de auditoría urbanística.
Por esta razón
se hizo todo lo posible para agilizar los planes parciales actualmente
en desarrollo, pero la cercanía de las elecciones y el gran número
de alegaciones presentadas a los mismos impidieron una aprobación
urgente a pocos días de un proceso electoral.
Las auditorías
analizarán el gasto asumido, los sobrecostes de obra pública
aceptados y no suficientemente justificados, y las ventas de patrimonio
público municipal, tanto el suelo como las viviendas sociales municipales.
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Si se aceptasen
las grandes obras previstas, señalan fuentes consultadas, la parte
que debería aportar el ayuntamiento impediría que quedase
dinero para una política de ayudas sociales incluidas en los programas
políticos de los nuevos partidos.
Por otra
parte, si se paralizasen las grandes operaciones
urbanísticas, el mensaje que lanzaría al inversor inmobiliario
internacional sería de gran desconfianza y muy perjudicial para
el posicionamiento de Barcelona y Madrid en el tablero inmobiliario de
las grandes capitales europeas.
Respecto a
las cooperativas
de viviendas, se quiere potenciar la cesión de suelo para construir
viviendas sociales directamente gestionadas desde cooperativas, así
como facilitar financiación social a las cooperativas desde las
arcas municipales. De llevarse a cabo, el efecto será doble. Por
un lado se reducirá el precio de vivienda en algunas zonas en las
que queda suelo municipal y por otro afectará indirectamente a la
política de acumulación de viviendas para su alquiler que
actualmente está concentrada en la actividad de las SOCIMI. Es decir,
que la contención de la demanda podría afectar a procesos
inmobiliarios en los que los estudios de mercado inmobiliario han indicado
una demanda de vivienda muy superior a la que finalmente puede resultar.
El inconveniente
de esta política de vivienda social gestionada por cooperativas
de vivienda es que se quiere que no retorne al mercado privado. Este sistema
se asemeja al cooperativismo de viviendas centroeuropeo, que está
normalmente gestionado por sindicatos, que ceden el uso a los cooperativistas,
pero que no adquieren la propiedad, tan solo el uso. Este tipo de gestión
tan común en Europa no tiene arraigo en España, donde la
cooperativa de viviendas sustituye al promotor inmobiliario por una cuestión
de costes, cediendo la propiedad de las viviendas a los cooperativistas,
mientras que en el sistema europeo tan solo tienen el uso.
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