| El alcalde
de Alicante, Miquel Valor, defendió desde su toma de posesión
en enero como sustituto de Castedo, su "convencimiento" de que la retirada
era la "mejor solución" para un proyecto en tramitación desde
hace 14 años después de estudiar los informes de los técnicos.
Por ello, calificó de "razonable" y "razonada" la decisión
de solicitar la recuperación de un plan cuya tramitación
es objeto de investigación judicial en una de las piezas del 'caso
Brugal'.
El Ayuntamiento
de Alicante ha concluido que el proyecto de la Actuación Territorial
Estratégica (ATE), que contempla la llegada de Ikea a la ciudad,
no es sostenible "desde la óptica del presupuesto municipal" y reclama
a la promotora, Alicante Avanza, soluciones técnicas y de financiación
que "garanticen su viabilidad". Son algunas de las aportaciones de los
informes de hasta diez concejalías incluidos en un documento de
260 páginas en el que se recogen las alegaciones al proyecto para
la implantación de la multinacional en terrenos del barrio de Rabassa.
Según el consistorio, la memoria justificativa de la declaración
del proyecto como ATE "no cumple" con los criterios legales.
En una comparecencia
de prensa, el alcalde Miquel Valor indicó que "Ikea sí, pero
no a cualquier precio" y ha resaltado que se ha trabajado "siempre" de
la mano de los comerciantes "buscando el consenso". En ese sentido, el
coordinador de alegaciones y concejal de Fomento y Empleo, Carlos Castillo,
ha desgranado algunas de las deficiencias del proyecto de Alicante Avanza
y ha zanjado que "entre un no, no pero, sí, sí pero. Lo que
decimos es un sí, pero con todos los condicionantes". Así,
ha insistido en que el Ayuntamiento "solicita el cumplimiento de todo los
condicionantes" y reclama "tener un papel determinante" en el conjunto
de un proyecto que ha tildado de documentalmente "insuficiente" y en el
que la propuesta de macrocentro comercial debe ser "modelada", reduciendo
el uso comercial y dando cabida a usos "complementarios". Por ello, la
Junta de Gobierno ha acordado personarse "como administración afectada"
por la "versión preliminar" del proyecto de Alicante Avanza. Castillo
ha indicado que "las alegaciones se han redactado teniendo en cuenta los
informes emitidos por las concejalías de Fomento y Empleo, Urbanismo,
Imagen Urbana, Atención Urbana, Trafico, Transporte y Seguridad,
Medio Ambiente, Comercio, Intervención Municipal y Economía
y Hacienda". El coordinador de alegaciones ha reclamado a la promotora
que "complete" el proyecto con "planos normativos de edificación"
para visualizarla. Asimismo, ha alertado que "diversos informes" han detectado
que la memoria justificativa e informativa "no cumple en ciertos ámbitos
las obligaciones legales, condiciones exigidas y criterios señalados
en el informe de compatibilidad, según la declaración del
Consell". Punto a punto Carlos Castillo ha resaltado algunos de los conceptos
que reclaman las concejalías señalan que requieren una revisión.
Así, Urbanismo ha puntualizado la necesidad de "modular" para evitar
"desequilibrios" reduciendo el uso comercial y dar cabida a otros usos
"complementarios". Ha considerado que debe concretar el modelo de parque
científico, su modo de gestión y reconsiderar su localización
para conectarlo "con un paso inferior" con el parque de la Universidad
de Alicante. Concluye Urbanismo que "la documentación no cuenta
con el rigor ni las determinaciones mínimas para ejecutar la actuación"
porque se "contradicen" algunos de los criterios de compatibilidad y no
se concreta cuál es la administración responsable de la ejecución
de las obras. Desde Tráfico se indica que la ATE no coincide con
el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), no se aborda la financiación
del transporte público y se reclama una adecuada conexión
peatonal-ciclista y la demanda de aparcamiento real. Así, se tilda
de "incompleto" e "insuficiente" el análisis del tráfico
que se generaría. Desde Atención Urbana se ha cifrado en
más de 5,6 millones de euros, un 8,6 por ciento del actual presupuesto
de la Concejalía, los costes de mantenimiento de la ATE cada año.
"El Ayuntamiento no está en disposición de asumir estos sobrecostes",
ha indicado Castillo. Asimismo, sobre el parque público metropolitano,
Atención Urbana, dice que el promotor "debe pagar su ejecución,
siendo el Ayuntamiento el licitador" para reducir "sobrecostes no necesarios"
y que "el promotor deberá hacerse cargo del mantenimiento, al menos
durante dos años". Por su parte, Medio Ambiente considera "insuficiente"
el informe acústico y que debe rehacerse el informe de "huella de
carbono". Comercio exclusivo En cuanto a Comercio, se reclama a la ATE
que "reconsidere" el espacio destinado a ese uso para permitir la "implantación
de grandes marcas" con "formatos diferenciadores" y la llegada de "firmas
inexistentes en el territorio" que aporten "exclusividad".
De esa manera,
desde Empleo, se ha aconsejado que el parque científico sea el "eje
vertebrador" del proyecto. Así estima que deberían incrementarse
las 14 hectáreas destinadas al proyecto porque en "ciudades de población
semejante" disponen de parques "de éxito" con 180 y 300 hectáreas.
Además, apunta como "muy conveniente" acuerdos "de compromiso de
instalación" con centros de investigación de "empresas de
renombre" en innovación tecnológica. Finalmente, Economía
y Hacienda concluye que "el proyecto no es sostenible desde la óptica
del presupuesto municipal" y exige que "para reducir el impacto presupuestario
negativo será necesario modificar las formas de gestión".
Para garantizar la viabilidad de la ejecución, Intervención,
ha puntualizado que la promotora deberá "aportar soluciones técnicas
y de financiación".
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