| El proceso
comenzó en 2003 con la solicitud por parte del presidente de Heineken,
por carta, al Alcalde de Sevilla de recalificación de los terrenos
(de uso industrial) donde se ubicaba la fábrica. La recalificación
se concedió a cambio del compromiso por parte de Heineken de trasladarse
a terrenos dentro del propio municipio. Fue un acuerdo polémico
y en contra de la opinión pública, que veía nostálgicamente
como se perdía una de las señas de identidad de la ciudad.
En julio de
2006 se produce la venta de los terrenos por parte de Heineken a un importante
grupo inmobiliario. En ese mismo momento se llegó a un acuerdo para
que el proyecto urbanístico fuera diseñado de forma conjunta
por 4 arquitectos de renombre internacional, Guillermo Vázquez Consuegra,
Norman Foster, Arata Isozaki y Jean Nouvel, los cuales en rueda de prensa
conjunta con el alcalde de Sevilla y el propietario de los terrenos se
comprometieron a desarrollar un proyecto entre todos y a diseñar
cada uno una de las manzanas o partes resultantes.
La presión
pública hizo que en 2008 se declararan Patrimonio de la Ciudad las
3 edificaciones principales, que dan fachada a la Avenida de Andalucía
y que han de ser preservados en el proyecto. Desde su inicio hasta hoy
el proyecto ha sufrido muchas vicisitudes, ha sido vendido a otra sociedad
integrante del mismo grupo, han tenido que solicitar varias prórrogas
para la demolición de las instalaciones fabriles (hoy ya demolidas)
y ha tenido que hacer frente a un embargo judicial por parte de Unicaja,
que se solucionó finalmente con un acuerdo entre las partes.
El PGOU de
Sevilla, aprobado en Julio de 2006, define para el sector una edificabilidad
total correspondiente a uso residencial y terciario de 255.000 m2, la previsión
de reserva de superficie es de 70.000 m2 para espacios libres, 8.000 m2
para un centro educativo y 1.600 m2 para transportes e infraestructuras.
También destina espacio para un parque con instalaciones deportivas
y una nueva biblioteca central, para lo que define una reserva mínima
de suelo de 4.550 m2.
El PERI aprobado
inicialmente ordena el ámbito en dos zonas diferenciadas, divididas
por una vía de nueva creación que une la calle Greco con
la Av. de la Ada. Esta vía se estructura con edificaciones residenciales
en manzana abierta, dando frente a la nueva avenida y con alturas máximas
de 15 plantas.
Al norte de
esa vía, se ubican las áreas de equipamiento y dotacionales,
un gran parque, el centro educativo e infraestructuras, así como
una parcela de servicios terciarios en 3 plantas de altura en la intersección
de la Av. de la Ada con la C/ Tarso. Al sur se implantan bloques lineales
de viviendas de 9 plantas de altura y servicios terciarios, que darán
uso en parte a las instalaciones de la antigua fábrica que van a
ser conservadas. El principal hito del proyecto es un edificio singular
de 23 plantas, con frente a la avenida de Andalucía, será
uno de los 4 hitos en altura de la ciudad contemplados en el PGOU.
La previsión
de viviendas es de unas 2.000, de las que aproximadamente la mitad estarán
destinadas a algún tipo de protección pública. Debemos
considerar que Sevilla tiene una población de unos 700.000 habitantes
para comprender la dimensión de la intervención y la influencia
en el crecimiento futuro de la ciudad de este proyecto. Las expectativas
de desarrollo por parte de la propiedad son de iniciar las obras de urbanización
en 12 meses desde la aprobación definitiva del PERI y 24 meses para
su ejecución. Se establece un plazo máximo para edificación
de las parcelas de 48 meses desde la terminación de la urbanización,
desarrollándose en 4 anualidades. Eso supondría que en unos
7 años se habría producido una transformación profunda
de ese sector del barrio de Nervión, que posiblemente generará
además una evolución positiva de sectores limítrofes
más degradados social y urbanísticamente.
En diciembre
de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha autorizado
el PERI del solar, que compró Urvasco por 330 millones de euros,
y que en la actualidad es propiedad de unos bancos interesados en seguir
con el proyecto.
Los terrenos
requerían una recalificación urbanística para convertirse
en residenciales que realizó la actual corporación municipal
en septiembre de 2012, pero fue impugnada por la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente argumentando que el proyecto no reservaba espacio
para los edificios públicos previstos en el convenio inicial. Pero
la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA lo rechaza y da vía
libre para que se pueda ejecutar el nuevo barrio.
En una sentencia
fechada el 5 de diciembre pasado, el alto tribunal aclara que la Junta
no manifestó esta oposición cuando tuvo que informar sobre
el referido PERI. Además, la Junta alegó que el proyecto
contraviene la previsión de construir una biblioteca en la zona,
algo que el TSJA también rechaza porque aún no se conoce
el proyecto definitivo de urbanización y lo que en este litigio
se dirime es si procede la recalificación necesaria para construir
viviendas.
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