Este es el
modelo de convenio que ya se utilizó anteriormente para las 28 viviendas
del edificio de Las Torres, en Escalante, dado que la situación
de las viviendas de Liencres tienen "encaje legal" en los planeamientos
urbanísticos en tramitación, y, por lo tanto, son viviendas
que pueden ser objeto de legalización posterior, una vez que se
aprueben los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) y se otorguen
las nuevas licencias.
El acuerdo,
aprobado por el Consejo de Gobierno, recoge el derecho de las familias
a que la administración corra con todos los gastos que se produzcan
durante el proceso de legalización, y el derecho a ser indemnizados
si estos procesos de legalización no llegan a buen término.
Si esto es
así, podrán optar, o bien por una indemnización económica
fijada por un perito independiente, o bien por una nueva vivienda de similares
características a la suya.
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