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27 de abril de 2015
 
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PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS ILEGALES EN CANTABRIA
¿Qué aprendo?
La situación de las viviendas ilegales se analiza en la guía práctica inmoley.com de la inspección urbanística y viviendas ilegales y en la guía del urbanismo de Cantabria. El Gobierno de Cantabria ha concluido la fase de presentación de propuestas de convenio a los afectados por sentencias de derribo al aprobarse 350, que se espera que se suscriban en las próximas semanas y que se unen a las 450 autorizaciones provisionales concedidas hasta ahora. De los 350 convenios, ya se han firmado 100 correspondientes a las viviendas de Las Torres en Escalante y La Arena en Arnuero. Otros 200 son de Arnuero y 50 de Piélagos (Entrelindes, L05 y Cerrias).
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Estos convenios garantizan a los afectados por las órdenes judiciales de demolición la entrega de una nueva vivienda si no se legaliza la suya, o en su defecto, una indemnización fijada por un árbitro independiente, y el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández , ha destacado que buscan "un equilibrio" entre los derechos de los propietarios de las casas y los intereses de la Administración.

El consejero ha explicado que la cuantía de las posibles indemnizaciones económicas aún no se ha valorado, ya que ese trámite se abordará con posterioridad, en el momento oportuno, según avancen los procesos.

Fernández ha reconocido que, pese a que se han aprobado estas propuestas de convenio, aún quedan "flecos" en el caso de las 17 viviendas de Cerrias que han de demolerse, porque la idea es presentar a la Justicia un planteamiento que conjugue distintos intereses de vecinos, y para unas casas de Argoños cuyo derribo es responsabilidad exclusiva del Consistorio.

Pero para el Gobierno de Cantabria , "el núcleo del problema ha quedado prácticamente resuelto" en virtud de las 350 propuestas de convenio aprobadas por el Consejo de Gobierno y gracias a las 450 autorizaciones provisionales.

Fernández considera que se resuelve "el problema social de las familias", mientras que el económico "queda encauzado" esta legislatura que está a punto de terminar y quedaría la decisión de los jueces sobre las autorizaciones provisionales y las licencias.

Las propuestas de convenio que ha ido aprobando el Consejo de Gobierno se refiere a sesenta viviendas de La Arena (Arnuero), que no pueden legalizarse, y a otras 30 del edificio Las Torres (Escalante), que tienen ya autorización provisional y que se quieren regularizar con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana.

Estos dos supuestos de Arnuero y Escalante suponen los dos modelos de convenios que se están impulsando, distinguiendo entre urbanizaciones que se van a tener que derribar y las que se espera poder legalizar.

A los propietarios de las primeras, el Gobierno se compromete a entregarles una nueva casa de características similares a la suya y, si no cumple con ello, les indemnizará por el importe que fije un tasador independiente.

Además de La Arena, en Arnuero, los casos en los que no se va a poder eludir la demolición con las 17 viviendas de Cerrias y unas casas de Argoños del Camino del Portillo.

En el segundo supuesto -el del modelo de Escalante- se espera poder dar nueva licencia a las viviendas conforme a nuevos planeamientos, y si esta intención no prospera se ofrecerá elegir entre la sustitución de vivienda por vivienda o por una indemnización fijada por un perito independiente.

Éste es el caso de Escalante y también de la inmensa mayoría de las viviendas de Argoños y de otras de Piélagos.
 


 

 
 
 
 
 

 

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