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NOTICIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, URBANISMO E INMOBILIARIO.

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22 de abril de 2015
 
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PROYECTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN ANDALUCÍA
¿Qué aprendo?
El urbanismo andaluz se analiza en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de Andalucía. Actualmente se está tramitando la propuesta de Proyecto de revisión del Plan Hidrológico, Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación y Estudio Ambiental Estratégico correspondientes a las demarcaciones de las cuencas internas andaluzas: Tinto, Odiel y Piedras, Guadalete-Barbate y Cuencas Mediterráneas andaluzas. Se ha sometido a consulta pública: 6 meses (3 meses en el caso de PGRI), a fin de examinar los documentos: “Propuesta de proyecto de revisión del Plan Hidrológico, Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) y Estudio Ambiental Estratégico” correspondientes a las Demarcaciones de las cuencas internas de Andalucía, Tinto, Odiel y Piedras, Guadalete-Barbate y Cuencas Mediterráneas Andaluzas.
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En el caso de Málaga, en el ámbito del Guadalhorce, el expediente ha recibido el rechazo de la práctica totalidad de los parques empresariales del lugar así como de negocios y propietarios de naves y suelos a título particular, incluidos empresarios de Mercamálaga.

«El valor de nuestro patrimonio ha caído y caerá todavía más cuando se apruebe definitivamente el plan que contiene el peligro de inundación. Eso repercute negativamente, por ejemplo, a la hora de poder avalar un préstamo», explicó Sergio Cuberos, presidente de Apoma. Asimismo, denunció que todo esto les obligará a contratar seguros especiales de responsabilidad civil para poder desarrollar su actividad en unos sectores con riesgo de inundación.

Los polígonos Guadalhorce, Santa Teresa, Villa Rosa, La Huertecilla, Santa Cruz, Azucarera y Santa Bárbara, que agrupan a más de tres mil empresas y dan empleo a más de cuarenta mil personas, han presentado alegaciones al plan de riesgo de inundaciones solicitando que se anule puesto que consideran que debería fundamentarse en unos mapas de peligrosidad que aún no han sido aprobados, que falta información técnica en función de la cual podrían permitirse edificaciones o no, y que no se prevén medidas correctoras concretas para revertir el peligro de inundación. 

Las alegaciones presentadas consideran que los estudios en los que se basa el expediente carecen de rigor puesto que no tienen en cuenta las últimas obras hidráulicas realizadas, como el encauzamiento de los arroyos Merino, Carambuco y Prado Jurado, que finalizaron en 2012 con una inversión de más de seis millones de euros.

El presidente de Asociación de Polígonos de Málaga (Apoma), Sergio Cuberos, resaltó que la situación que padecen desde que el Gobierno andaluz está tramitando y tomando en consideración para sus informes los mapas de inundabilidad del Guadalhorce «es muy grave». «Ya ha habido inversores que, al conocer la situación administrativa que tenemos encima, se han echado para atrás a la hora de desarrollar proyectos que querían implantar aquí. El riesgo de inundación que la Junta atribuye a nuestros suelos es un freno total para las inversiones», remarcó Cuberos, quien consideró que la Junta de Andalucía «debe tomar conocimiento del problema que se ha generado y los partidos políticos tienen que moverse para buscar soluciones».

Una de las cuestiones que más preocupa a los empresarios y propietarios de suelos de las zonas afectadas por el riesgo de inundación que maneja el Gobierno andaluz es qué va a implicar su confirmación oficial para las edificaciones que ya existen. Resulta claro que, a no ser que se ejecuten proyectos para evitar el riesgo de inundación, gran parte de los suelos que todavía no se han desarrollado tendrán que considerarse por el momento como no urbanizables. Pero ¿qué sucede con lo que ya está construido desde hace años? En la Gerencia Municipal de Urbanismo entienden que únicamente podrán concederse permisos para obras que supongan una conservación o mantenimiento de lo que existe, pero no para ampliaciones o construcciones nuevas. No obstante, ello dependerá de que la zona en cuestión se vea afectada por un determinado periodo de retorno o de probabilidad de avenidas. Así, por ejemplo, para un periodo de 50 años no se permite construcción alguna, y en el de 100 años, solo en función del calado y la velocidad del agua, parámetros que aún no se han definido exactamente por parte de la Administración regional, según critican desde la Asociación de Polígonos.

Las actuaciones más prioritarias son la adaptación del puente de la Azucarera a la obra de encauzamiento de la desembocadura que se hizo hace una década, una asignatura aún pendiente que merma considerablemente la eficacia de esta actuación en la que se gastaron casi cien millones de euros; la construcción de la presa de Cerro Blanco (río Grande) prevista en el Plan Hidrológico Nacional, el encauzamiento del arroyo Campanillas y la reparación del canal del encauzamiento en la margen izquierda del Guadalhorce, cuestión que también perjudica a la capacidad de desagüe de toda la zona. 

El concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, también ha presentado una alegación rechazando, entre otras cuestiones, que se tome en consideración un riesgo de avenidas de 500 años para prohibir construcciones. 
 


 

 
 
 
 
 

 

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