| Se considera
que el proyecto «no justifica suficientemente la motivación
del interés regional y económico de la operación»
y llega a decir incluso que le «preocupa» la utilización
de esta figura urbanística excepcional por parte del Consell para
instrumentalizar una actuación que, a su juicio, «realmente
consiste en la transformación urbanística de este ámbito
y no en un proyecto de dinamización económica para el territorio
alicantino».
Y es que las
actuaciones territoriales estratégicas, recogidas en la Ley de Territorio
de la Comunitat, son figuras urbanísticas extraordinarias (de momento
solo se ha aprobado definitivamente una en Alcoy, que ha sido llevada a
los tribunales por el propio Ayuntamiento) que permiten a los promotores
de una actuación saltarse multitud de trámites. La Generalitat
las reserva, según recoge la ley, para intervenciones «singulares,
de relevancia supramunicipal y que por su interés general requieran
una tramitación específica y acelerada».
En el caso
de la de Alicante, hay que recordar que su germen está en el plan
especial Lagunas de Rabasa, que fue tumbado en los tribunales lo que llevó
a sus promotores, entre los que se encuentra el empresario Enrique Ortiz,
a intentarlo por la vía rápida de las ATE. Una propuesta,
la de tramitarlo de esta forma, que en verano de 2014 recibió el
visto bueno del Consell.
La Cámara
de Comercio recuerda que entre los requisitos de las ATE se encuentran,
por un lado, que el proyecto tenga un «impacto supramunicipal favorable
y permanente» desde el punto de vista económico, social y
ambiental, especialmente en la creación de empleo. Y que, en el
caso de que se refieran a la implantación de proyectos terciarios,
éstos sean «referencia en cuanto a su reconocimiento y exclusividad».
Circunstancias que, en el caso del proyecto alicantino, no se dan, a su
juicio.
Respecto al
impacto supramunicipal en el empleo, destacan que el número de trabajos
que se crearán en el sector comercial será de entre 2.268
y 3.355, es decir, en torno al 30% del total de empleos que dicen los promotores
que generará la ATE, que es de 8.800. Además, apuntan que
no se analiza el mercado laboral de la zona ni el tipo de empleo que va
a generar. Tampoco los efectos positivos o negativos que tendrá
sobre el resto del empleo existente en el sector comercial del ámbito
territorial de influencia, ni los efectos del macroproyecto comercial sobre
la vitalidad o regeneración de los centros urbanos alicantinos (una
idea en la que va a incidir el Ayuntamiento de Alicante en sus alegaciones).
En definitiva, concluyen que «no se han medido las externalidades
negativas de carácter socioeconómico».
En lo que respecta
al «reconocimiento y la exclusividad» exigidos a los proyectos
ATE, la Cámara entiende que en este caso tampoco se dan. Por un
lado, critican la «indefinición» del proyecto en cuanto
a los usos comerciales que, en su opinión «impide determinar
hasta qué punto puede tener un efecto cualificador en el territorio».
Por otro, se centran en la implantación prevista de la tienda de
Ikea, que para los promotores, aunque no mencionan la marca, es la «señera
comercial» del proyecto.
A juicio de
la Cámara, Ikea, que solo ocupará entre un 5,6 y un 9,3%
de la superficie del nuevo complejo comercial previsto, no tiene la suficiente
entidad para convertirse en el motor de semejante macroproyecto ni para
elevar su relevancia supramunicipal tanto como para justificar la ATE.
Conceden que,
dado que la marca no está implantada en la provincia, su instalación
en Alicante supondría una oferta «exclusiva», pero añaden
que ello no significa que los consumidores alicantinos no tengan ya acceso
a otras tiendas cercanas, las de Murcia y Alfafar. «De hecho es previsible
que aún con la implantación de Ikea en la ciudad de alicante,
la población de la Vega Baja siga prefiriendo ir a Murcia, por proximidad,
y la del Alcoià y Marina Alta a Alfafar», considera la institución.
Lo que hará que, a su juicio, la tienda tenga «efectos limitados
en la generación de nuevas rentas o ingresos comerciales en la provincia,
más bien se produciría una reconfiguración de los
flujos de desplazamientos». Por ello entiende que los promotores
«sobredimensionan» el efecto de exclusividad generado por esta
enseña.
ATE.
El informe
dice que se está usando la figura de las ATE para transformar urbanísticamente
las Lagunas de Rabasa, no por su impacto real en la economía provincial.Ikea.
Pese a que la ATE se basa en la presencia de Ikea, su tienda no ocupa ni
el 10% del proyecto. Además, la multinacional tiene centros en las
dos provincias adyacentes.
Definición.
En la documentación
tampoco se concreta la oferta comercial que tendrá el 'macrocentro'
comercial, por lo que su impacto no se puede medir. Empleo. Aunque los
parámetros de puestos de trabajo directo son fiables (entre 2.269
y 3.355), se ignoran los efectos negativos sobre el empleo que ya existe.Medio
ambiente. El Pateco asegura que las emisiones de CO2 serán entre
dos y cuatro veces superiores a lo estipulado.La estrategia. Tampoco se
tienen en cuenta las directrices de Comercio del Gobierno valenciano.
CLAVES
El informe
el Pateco concluye que el proyecto de Ortiz «no justifica suficientemente
la motivación del interés regional y económico de
la operación y su declaración como Actuación Territorial
Estratégica». Ello «suscita la preocupación de
la utilización de esta figura excepcional para instrumentalizar
una actuación que realmente consiste en la transformación
urbanística de este ámbito, y no un proyecto de dinamización
económica en el territorio alicantino».
¿Por
qué? Básicamente porque niega el impacto que puede tener
una tienda de Ikea en la economía regional, condición sine
qua non para que el plan de Ortiz se tramite como ATE. Así, si Alicante
Avanza basa su proyecto en la figura de Ikea como «enseña
comercial» de todo el macrocentro, el Pateco replica que hay 17 tiendas
de la multinacional por toda España, dos de ellas en provincias
adyacentes (Murcia, donde el 30% de los clientes son alicantinos, y Alfafar).
Esto, según
el informe, desinfla el proyecto y su tramitación como ATE porque
la población situada al sur de la provincia «seguirá
prefiriendo visitar la tienda de Murcia» y la del norte «la
de Alfafar». Además, la tienda de la multinacional representa
«únicamente entre el 5,6% y el 9,3%», por lo que lo
que realmente se está tramitando es un mall (modelo de centro comercial
norteamericano) que, además, «no cuenta con una oferta comercial
definida». Además, «no aporta información económica
del proyecto ni adecuación a la demanda».
El Pateco también
incide en que en la ATE no tiene en cuenta «las determinaciones del
Plan de Acción territorial Sectorial del Comercio de la Comunidad
(Patsecova)», considera que las emisiones de CO2 que incluye la promotora
están «entre dos y cuatro veces pro debajo de lo real»
y que la creación de puestos de trabajo, pese a ser «razonable»,
no tiene en cuenta los «efectos negativos» sobre el empleo
que ya existe en Alicante.
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