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31 de marzo de 2015
 
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450 VIVIENDAS ILEGALES PODRÍAN SER LEGALIZADAS EN CANTABRIA
Convertir conocimiento en valor añadido: Guía práctica inmoley.com de la inspección urbanística y viviendas ilegales, y guía del urbanismo de Cantabria. El Gobierno de Cantabria asegura que todas aquellas viviendas con posibilidad de ser legalizadas, unas 450, tendrán su autorización provisional y 400 acuerdos de compensación que garanticen el patrimonio de los propietarios. El Gobierno sostiene que el plan de ejecución de sentencias está llegando a "soluciones reales", pues 450 viviendas podrán tener autorizaciones provisionales y licencias, y habrá acuerdos compensatorios, con una estimación de coste para las arcas públicas de unos 30 millones, un 10 % de lo inicialmente calculado.
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El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández,cree que las familias afectadas cuentan con "soluciones reales, efectivas y concretas", que terminarán con "su calvario".

Según los cálculos del Ejecutivo, el coste para las arcas públicas podría situarse en unos 20 o 30 millones, una cifra inferior a los 300 millones que se habían barajado y que eran resultado de la demolición de todas las viviendas más las indemnizaciones. Como Fernández espera salvar 450 casas, "un 80 % quedaría resuelto", y el coste se limitaría a la compensación y la construcción por las viviendas que haya que demoler.

El Gobierno y los ayuntamientos están impulsando autorizaciones provisionales y la modificación de los planes generales de ordenación urbana para las 450 viviendas que se pueden legalizar de acuerdo con el plan y, según Fernández, a día de hoy ya se ha concedido la práctica totalidad de esas autorizaciones -en torno a 430-.

Las autorizaciones provisionales se corresponden con viviendas de Escalante, Argoños, Miengo o Piélagos, que quedan "amparadas por la ley" hasta que se cuenten con una nueva licencia conforme a los planeamientos.

Fernández ha indicado que en el caso de Escalante es posible que se pueda contar con nuevas licencias ya este año 2015, dado que se espera aprobar de forma definitiva el plan general de ordenación urbana en mayo.

En total, el plan de ejecución de sentencias recoge 621 viviendas, de las cuales habría que demoler las de La Arena (Arnuero), 17 de Cerrias (Piélagos) y algunas del Camino del Portillo (Argoños), además de las del Alto del Cuco (también en Piélagos). Los propietarios de viviendas contarán con acuerdos de compensación para resarcir la responsabilidad de la Administración.

E el Gobierno de Cantabria ha firmado ya con 44 familias los primeros acuerdos de compensación que les garantizan la entrega de una nueva vivienda si no se legaliza la suya, o en su defecto, una indemnización fijada por un árbitro independiente.

Se están tramitando convenios para casos diferentes que reflejan distintas situaciones en las que se encuentran las viviendas con sentencia firme de derribo en la región.

Así, está el caso de La Arena (Arnuero), en el que no cabe la legalización, y el del edificio Las Torres (Escalante), que tiene ya autorización provisional y se quiere regularizar con el nuevo plan general. A los primeros, el Gobierno se compromete a entregarles una nueva casa de características similares a la suya y, si no cumple con ello, les indemnizará por el importe que fije un tasador independiente. Se estima que las nuevas casas estén construidas en 2019.

En el caso de Escalante, también se asumen estos compromisos, pero como "seguro" o "garantía" por si el procedimiento no termina en la legalización, porque el primer objetivo es salvar las viviendas a través de las nuevas licencias.

El Gobierno espera extender estos dos modelos al resto de supuestos y, de hecho, esta semana se prevé que el Consejo de Gobierno apruebe propuestas de convenio para la L-05 y Entrelindes (Piélagos), mientras que en dos o tres semanas se enviarán las propuestas para varios casos de Argoños. De esta manera, la previsión que baraja el Ejecutivo es que hasta mayo se puedan suscribir entre 300 y 400 acuerdos con propietarios.

El del Alto del Cuco es un caso aparte, porque allí no había familias afectadas, y lo que está previsto es derribar lo construido este año y que el Gobierno y el Ayuntamiento de Piélagos compensen a la constructora por la anulación del plan parcial.
 
 

 

 


 
 
 
 
 

 

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