450 VIVIENDAS
ILEGALES PODRÍAN SER LEGALIZADAS EN CANTABRIA
Convertir
conocimiento en valor añadido:
Guía práctica inmoley.com de la inspección urbanística
y viviendas ilegales, y guía del urbanismo de Cantabria. El Gobierno
de Cantabria asegura que todas aquellas viviendas con posibilidad de ser
legalizadas, unas 450, tendrán su autorización provisional
y 400 acuerdos de compensación que garanticen el patrimonio de los
propietarios. El Gobierno sostiene que el plan de ejecución de sentencias
está llegando a "soluciones reales", pues 450 viviendas podrán
tener autorizaciones provisionales y licencias, y habrá acuerdos
compensatorios, con una estimación de coste para las arcas públicas
de unos 30 millones, un 10 % de lo inicialmente calculado.
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El consejero
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier
Fernández,cree que las familias afectadas cuentan con "soluciones
reales, efectivas y concretas", que terminarán con "su calvario".
Según
los cálculos del Ejecutivo, el coste para las arcas públicas
podría situarse en unos 20 o 30 millones, una cifra inferior a los
300 millones que se habían barajado y que eran resultado de la demolición
de todas las viviendas más las indemnizaciones. Como Fernández
espera salvar 450 casas, "un 80 % quedaría resuelto", y el coste
se limitaría a la compensación y la construcción por
las viviendas que haya que demoler.
El Gobierno
y los ayuntamientos están impulsando autorizaciones provisionales
y la modificación de los planes generales de ordenación urbana
para las 450 viviendas que se pueden legalizar de acuerdo con el plan y,
según Fernández, a día de hoy ya se ha concedido la
práctica totalidad de esas autorizaciones -en torno a 430-.
Las autorizaciones
provisionales se corresponden con viviendas de Escalante, Argoños,
Miengo o Piélagos, que quedan "amparadas por la ley" hasta que se
cuenten con una nueva licencia conforme a los planeamientos.
Fernández
ha indicado que en el caso de Escalante es posible que se pueda contar
con nuevas licencias ya este año 2015, dado que se espera aprobar
de forma definitiva el plan general de ordenación urbana en mayo.
En total, el
plan de ejecución de sentencias recoge 621 viviendas, de las cuales
habría que demoler las de La Arena (Arnuero), 17 de Cerrias (Piélagos)
y algunas del Camino del Portillo (Argoños), además de las
del Alto del Cuco (también en Piélagos). Los propietarios
de viviendas contarán con acuerdos de compensación para resarcir
la responsabilidad de la Administración.
E el Gobierno
de Cantabria ha firmado ya con 44 familias los primeros acuerdos de compensación
que les garantizan la entrega de una nueva vivienda si no se legaliza la
suya, o en su defecto, una indemnización fijada por un árbitro
independiente.
Se están
tramitando convenios para casos diferentes que reflejan distintas situaciones
en las que se encuentran las viviendas con sentencia firme de derribo en
la región.
Así,
está el caso de La Arena (Arnuero), en el que no cabe la legalización,
y el del edificio Las Torres (Escalante), que tiene ya autorización
provisional y se quiere regularizar con el nuevo plan general. A los primeros,
el Gobierno se compromete a entregarles una nueva casa de características
similares a la suya y, si no cumple con ello, les indemnizará por
el importe que fije un tasador independiente. Se estima que las nuevas
casas estén construidas en 2019.
En el caso
de Escalante, también se asumen estos compromisos, pero como "seguro"
o "garantía" por si el procedimiento no termina en la legalización,
porque el primer objetivo es salvar las viviendas a través de las
nuevas licencias.
El Gobierno
espera extender estos dos modelos al resto de supuestos y, de hecho, esta
semana se prevé que el Consejo de Gobierno apruebe propuestas de
convenio para la L-05 y Entrelindes (Piélagos), mientras que en
dos o tres semanas se enviarán las propuestas para varios casos
de Argoños. De esta manera, la previsión que baraja el Ejecutivo
es que hasta mayo se puedan suscribir entre 300 y 400 acuerdos con propietarios.
El del Alto
del Cuco es un caso aparte, porque allí no había familias
afectadas, y lo que está previsto es derribar lo construido este
año y que el Gobierno y el Ayuntamiento de Piélagos compensen
a la constructora por la anulación del plan parcial.
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