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SE ACELERA LA REFORMA DE LA LEY DEL SUELO DE EXTREMADURA
Convertir conocimiento en valor añadido: Guía práctica inmoley.com del urbanismo de Extremadura. El pleno del Parlamento autonómico ha debatido las enmiendas parciales a la reforma de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (LESOTEX). La reforma de la Ley del suelo de Extremadura trata de flexibilizar el uso del calificado como no urbanizable y favorecer la gestión urbanística a los municipios de menos de 5.000 habitantes, el 90% de la región.
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La propuesta de ley de modificación de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura ha sido aprobada en el pleno de la cámara legislativa regional con los votos a favor del PP, la abstención de PREx-CREx y los votos en contra del PSOE e IU. 

La diputada relatora, la 'popular' Francisca Rosa, ha sido la encarga de dar a conocer el dictamen elaborado por la Comisión de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, al que en comisión se incorporaron nueve enmiendas del Grupo Popular. 

Rosa ha señalado que la modificación de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura está "sobradamente justificada" por la antigüedad de la norma original, que data de 2001. 

Entre los objetivos que persigue la modificación de la Ley del Suelo extremeña, Francisca Rosa ha indicado que, frente a la "dispersión" reguladora, pretende "garantizar la ágil" puesta en marcha de iniciativas que coadyuven a la recuperación económica. Asimismo, la norma "aclara", según Rosa, qué actos han de sujetarse a los distintos tipos de control previo de las actividades objeto de la ordenación territorial y urbanística, y en ella se amplía el régimen de licencias especiales, además de favorecer los usos y aprovechamientos relacionados con el medio rural en aquel suelo no urbanizable que no goce de una protección específica. 

De igual forma, y a fin de "reducir" las cargas administrativas, se amplían los supuestos de exención del canon urbanístico al incluir las actividades benéficas-asistenciales realizadas por entidades sin ánimo de lucro. También se faculta a los municipios para reducir potestativamente el importe del canon urbanístico para los actos relativos al turismo rural, energías renovables, industrias agroalimentarias y los procesos ecológicos en agricultura y ganadería, aplazar su pago y se establece un régimen de bonificaciones y fraccionamiento. De igual forma, se permite el pago sustitutivo en especie en terrenos pertenecientes a cualquier clase de suelo cuyo valor sea equivalente al importe del canon, lo que permite "formular alternativas" de cumplimiento del deber. Por otro lado, se introducen medidas dirigidas a completar el procedimiento de calificación urbanística y medidas relativas a la ordenación y la gestión urbanística, rehabilitación, regeneración y renovación urbana o el planeamiento. 

Los socialistas han presentado 52 enmiendas parciales a la Ley de Servicios Sociales y los regionalistas 32, según han explicado los portavoces de ambos grupos en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la que no ha comparecido IU.

El portavoz del grupo popular, Miguel Cantero, ha defendido esta norma, que sustituye a la anterior del año 1987, y que supone una reorganización, readaptación y mejora de los servicios sociales.

La ley ha sido muy criticada por el portavoz del grupo socialista, Valentín García, para quien la norma se ha diseñado "a espaldas" de los ciudadanos, colectivos, ayuntamientos, colegios profesionales y sindicatos, entre otros actores.

Para el PSOE, presenta dos aspectos "muy graves": por un lado, permite la "privatización" de los servicios sociales, los cuales deben ser, a su juicio, de "titularidad pública"; y por otro, no garantiza una "financiación suficiente" a un sector que se ha visto afectado por los "recortes" del PP durante los últimos tres años.

También opina que incide en la "privatización" el portavoz del Prex-Crex, Damián Beneyto, quien ha explicado que las enmiendas de los regionalistas, la mayoría de modificación o adición, están dirigidas a evitar este extremo y "garantizar así la prestación a todos los ciudadanos", así como a "clarificar" algunas aspectos.

En cuanto a la reforma de la Ley del Suelo, norma que data de 2001, el popular Miguel Cantero ha manifestado que se pretende acondicionarla a las necesidades actuales de Extremadura, sobre todo en el ámbito rural.

Se persigue, de este modo, dar más facilidades a los pequeños municipios a la hora de impulsar la actividad empresarial y, por tanto, la generación de empleo; y terminar con la "burocracia tediosa" que dificulta el desarrollo urbanístico "ordenado".

No lo ve así el grupo socialista que ha presentado 8 enmiendas parciales, con las que espera "darle la vuelta" a las pretensiones del PP de impulsar una ley "absolutamente liberalizadora del suelo, eliminando controles que van a traer muchos problemas al urbanismo y el medio ambiente de Extremadura".

Según el portavoz socialista, se va a beneficiar a aquellos que "especulan" frente a los ciudadanos, dando prioridad a los fines lucrativos en detrimento del suelo dotacional, y ha criticado que la ley contempla que la reserva de vivienda protegida, del 40%, llegue a ser del 10% para algunos casos.

Los cambios en las parcelas rústicas y en la unidad mínima de cultivo también están encaminados a la "liberalización" del suelo público y ha tildado la norma de "innecesaria, chapucera e injusta", que solo va generar "litigios en los tribunales".

Por su parte, el grupo regionalista presenta 8 enmiendas a la reforma de la Ley del Suelo, según Damián Beneyto, dirigidas a intentar "agilizar los trámites" en el mundo de la construcción, especialmente en el ámbito rural.
 

ANTECEDENTES

CRÍTICAS A LA REFORMA DE LA LEY DEL SUELO Y ORDENACIÓN TERRITORIAL 
Guía práctica inmoley.com del urbanismo de Extremadura. Como ya hemos informado anteriormente, la reforma de la ley del suelo está acelerándose ante la inminencia de las elecciones autonómicas. Se estima que se apruebe el 12 de marzo. Ya han empezado las críticas por parte de grupos ecologistas en materia de uso del suelo. La reforma de la Ley del suelo de Extremadura trata de flexibilizar el uso del suelo calificado como no urbanizable y favorecer la gestión urbanística a los municipios de menos de 5.000 habitantes, el 90% de la región

Para Ecologistas en Acción las modificaciones planteadas se centran en reducir las restricciones y controles sobre el suelo no urbanizable, de forma que podrán realizarse casi cualquier tipo de construcción y actividad aunque no estén vinculadas a la naturaleza de esta clase de suelo. Además dejan en una gran ambigüedad la obligación de someter los planeamientos a evaluación ambiental. Es decir, no determina en qué casos las reclasificaciones de suelo deberán supervisarse para asegurar que no sean contrarias a la conservación de los valores naturales del territorio que se pretende transformar.

Pero los cambios de la Ley, además reducen las cesiones de suelo que los promotores y propietarios están obligados a entregar a la administración (local y autonómica) para lograr que los nuevos desarrollos cuenten con dotaciones y servicios suficientes para la población.

En concreto, las reservas para viviendas sujetas a algún régimen de protección pasan del 40% al 30% en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable y al 10% en las urbanizaciones residenciales autónomas y en las regularizaciones de las urbanizaciones ilegales y clandestinas.

Las cesiones para dotaciones y equipamientos (zonas verdes, colegios, centros sanitarios, etc) pasan del 15% de la edificabilidad al 10 %. Además en los suelos calificados para este fín podrán cambiar de uso mediante modificación del planeamiento.

En la misma proporción (pasando del 15% al 10%) se reduce la cesión de aprovechamiento (porcentaje de suelo que el promotor entrega a la administración para que la sociedad de las plusvalías de la actuación urbanística). Pero en este caso además, en los municipios, pedanías o entidades locales menores de 2000 habitantes, que se acojan al régimen simplificado de tramitación del planeamiento no se exigirán estas cesiones. En los municipios comprendidos entre 2000-5000 habitantes, la cesión será tan sólo del 5%.
Desde otra perspectiva, el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), Fernando Pizarro, ha defendido que la modificación de la Ley del Suelo apuesta por un "urbanismo responsable".

Además, ha asegurado que esta ley permitirá "agilizar" los procedimientos y "desbloquear" situaciones que se "eternizaban" en la gestión urbanística. Así lo ha indicado Fernando Pizarro, ante la Comisión de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo del Parlamento de Extremadura, dentro del periodo informativo de la Propuesta de Ley de Modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (Lsotex).

Pizarro ha destacado que los pequeños municipios tienen un tratamiento "singular" y esta modificación legisla "ciertas condiciones especificas para ellos". Entre otras, ha citado la ampliación del régimen urbanístico simplificado, actualmente previsto para municipios con población inferior a 2.000 habitantes hasta los 5.000 habitantes.

"Especialmente destacado para los entes locales son las licencias específicamente para supuestos de interés general, mediante las cuales, y siempre que esté justificado, el ayuntamiento pueda permitir la implantación de usos industriales o de servicios, siempre que sus promotores se comprometan al cumplimiento posterior de todas las obligaciones urbanísticas", ha señalado el presidente de la Fempex.

De igual forma, ha puesto de manifiesto que con la reforma se entiende el suelo no urbanizable "en su diversidad positiva, es decir, donde cada realidad ha de tener su correcta regulación, subrayando la protección de los espacios así caracterizados y favoreciendo la actuación y re-utilización compatible con el medio ambiente en aquellos potencialmente adecuados para el desarrollo socio-económico".

También ha subrayado que se pretenden favorecer los usos y aprovechamientos relacionados con el medio rural, en aquel suelo no urbanizable que no goce de una protección específica que los haga incompatibles (más del 99% del territorio extremeño es considerado suelo rural).

Fernando Pizarro ha añadido que la modificación normativa tiene en consideración la realidad de la administración local extremeña, donde el 90% de sus municipios aún no tiene un planeamiento urbanístico ajustado a sus características y necesidades de su desarrollo futuro.

"Con esto se fortalece el papel de auxilio de la administración autonómica sobre la local en tan importante tema, buscando la colaboración entre administraciones por el bien de la ciudadanía, evitando aquellos actos administrativos que no sean estrictamente necesarios", ha aseverado.

ANTECEDENTES

6 de febrero de 2015 

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LA LEY DEL SUELO DE EXTREMADURA PISA EL ACELERADOR 
Convertir conocimiento en valor añadido:  Guía práctica inmoley.com del urbanismo de Extremadura. El Partido Popular se ha opuesto en el Parlamento de Extremadura a la enmienda a la totalidad presentada por IU-Verdes a la propuesta de modificación de la Ley del Suelo y Ordenación Territoral de Extremadura. Para ello ha contado con la abstención clave de PREX-CREX. La cuestión era esencial porque afecta al desarrollo urbanístico de polígonos industriales en Extremadura muchas veces paralizados por la normativa medioambiental, algo que afecta también al planeamiento urbanístico, como se está viendo con el nuevo PGOU de Plasencia. Estas incidencias de la normativa medioambiental en el urbanismo extremeño son objeto de examen en la guía del urbanismo de Extremadura. 
Herramienta práctica > Guías prácticas
La reforma de la Ley del suelo de Extremadura trata de flexibilizar el uso del calificado como no urbanizable y favorecer la gestión urbanística a los municipios de menos de 5.000 habitantes, el 90% de la región.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Cantero, justificó la modificación de la norma, del año 2001, por la necesidad de dar respuesta a la demanda de los pequeños municipios y solucionar sus problemas urbanísticos.
La Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (Lsotex) únicamente había sufrido una reforma puntual en 2011 para permitir la edificación del complejo urbanístico de Isla Valdecañas.
La flexibilización del suelo no urbanizable se produce al favorecer el turismo residencial, ya que las edificaciones tradicionales que tengan más de tres años y se rehabiliten no tendrán que cumplir con la parcela y el volumen mínimo.
DEBATE PARLAMENTARIO
La propuesta de Ley de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura continúa su tramitación con el texto original registrado por el PP tres rechazarse la enmienda a la totalidad presentada por el grupo parlamentario de IU.
Esta enmienda a la totalidad, que ha contado con el apoyo del Grupo Socialista, la abstención de PREX-CREX y el voto en contra del PP, ha sido defendida en pleno por el diputado Alejandro Nogales.
Nogales ha desgranado el contenido de dicha enmienda y ha apuntado que al mantener "intacto" el artículo 11 de la Ley 9/2011 de modificación de la Ley 15/2001 se podría cometer "prevaricación", por lo que ha solicitado, junto a otros motivos, la devolución de la propuesta de ley.
"Hay una sentencia del Tribunal Supremo diciendo que no es competencia de la comunidad autónoma legislar o modificar lo que está preceptuado en el artículo 9 de la Ley 6/98 Estatal de Régimen del Suelo", ha expuesto, a lo que ha añadido que la propuesta del PP "sigue manteniendo el artículo 11 de la Ley 9/2011 que en la sentencia del Supremo dice que "no se puede legislar en base a la modificación de la especial protección que le otorga la ley general del suelo del Estado".
De igual forma, entre otros motivos, IU ha justificado la devolución de la propuesta de ley de modificación porque no parece "muy comprensible" que la administración renuncie, con dicha modificación, a una indemnización prevista en un artículo de la norma actualmente en vigor.
Asimismo, el diputado de IU ha criticado que la propuesta de modificación planteada por el Partido Popular contiene "imprecisiones impropias" de una ley de "esta importancia", por lo que ha abogado por su devolución para así traer otra más consensuada.
En la defensa de la propuesta de modificación de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, el diputado del PP David Herrero ha destacado que la modificación que se plantea es "necesaria" y "beneficiosa", además de ser demandada por la sociedad.
En este sentido, el diputado 'popular' ha explicado que entre los objetivos de la propuesta de ley de modificación de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura se encuentra "aclarar y reducir" la carga administrativa de los procedimientos urbanísticos.
Asimismo, a esta reducción se une eliminar restricciones en el suelo no urbanizable para aquellas actividades que estén vinculadas al territorio, además de facilitar la gestión urbanística de los pequeños municipios.
Herrero ha explicado también que esta reforma entiende el suelo no urbanizable en su "diversidad positiva", además, partiendo de los usos tradicionales del territorio, la modificación planteada por el PP no es ajena a las nuevas formas de actividad relacionadas con las tecnologías energéticas derivadas de los recursos naturales, del turismo rural y el ocio y tiempo libre.
En el turno de los grupos, el portavoz de PREX-CREX, Damián Beneyto, ha criticado que al ser una propuesta de ley no se cuenta con un informe del Consejo Consultivo, que sí tendría si fuera un proyecto de ley que hubiera traído el Gobierno de Extremadura.
Por ello, Beneyto ha indicado a que su grupo le gustaría contar con un informe sobre la posibilidad apuntada por Alejando Nogales de incurrir en una posible prevaricación.
Asimismo, el diputado regionalista ha recalcado que su grupo desea que la región pueda contar con una nueva ley del suelo, toda vez que la que está en vigor se elaboró en un momento muy diferente al actual.
En esta línea, Beneyto ha indicado que la norma con la que se cuenta en estos momentos "no vale", aunque ha considerado necesario que la nueva esté consensuada con el sector, aspecto que, en su opinión, no ha cumplido el PP con la iniciativa llevada este jueves a pleno.
Por su parte, la diputada del PSOE Isabel Moreno Duque ha justificado el apoyo de su grupo a la enmienda a la totalidad de IU en que en esta propuesta de ley de modificación de la Ley del Suelo no ha habido consenso y es "solo" la ley del PP.
En esta línea, la socialista ha contrapuesto esta propuesta de modificación con la aprobación en legislatura socialista de la Ley del Suelo, que sí contó con consenso, ha dicho.
Asimismo, Moreno Duque ha criticado algunos de los aspectos que contiene la propuesta de modificación, razón por la que el Grupo Socialista ha votado a favor de la enmienda a la totalidad de IU que postulaba su devolución.
"Termino como empecé, con algunos interrogantes. ¿Quién ha hecho esta reforma, un partido políticos o algunos promotores?. ¿Quizá esos que están esperando puede ser que sepan que en el PP los suelos mandan?", ha concluido. 

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19 de enero de 2015 
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LA REFORMA EXPRÉS DE LA LEY DEL SUELO DE EXTREMADURA 
Convertir conocimiento en valor añadido:  Guía práctica inmoley.com del urbanismo de Extremadura. Desde que se anunció la reforma de la ley de suelo de Galicia y la propuesta innovadora de un planeamiento urbanístico simplificado para los pequeños municipios, desde inmoley.com venimos anunciando que otras comunidades autónomas seguirán este camino. Es el caso de Extremadura donde, a pocos meses de acabar la legislatura, el grupo Popular ha registrado la propuesta de modificación de la Ley del Suelo de Extremadura, que pretende flexibilizar el uso del calificado como no urbanizable y favorecer la gestión urbanística a los municipios de menos de 5.000 habitantes, el 90% de la región. 
Herramienta práctica > Guías prácticas
La Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura únicamente había sufrido una reforma puntual en 2011 para permitir la edificación del complejo urbanístico de Isla Valdecañas. La flexibilización del suelo no urbanizable se produce al favorecer el turismo residencial, ya que las edificaciones tradicionales que tengan más de tres años y se rehabiliten no tendrán que cumplir con la parcela y el volumen mínimo. Además, las construcciones vinculadas a explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales o cinegéticas, para el desarrollo de estas actividades, no tendrán que disponer de una parcela equivalente a la unidad mínima de cultivo. Es decir, explicó, se establece una unidad rústica que puede ser de 1,5 hectáreas.
La norma persigue también reducir la carga administrativa del proceso urbanístico y amplía la consideración de pequeño municipio de 2.000 a hasta 5.000 habitantes. De esta forma, 347 localidades, el 90% de los extremeños, no necesitarán contar con Plan General Municipal y los ayuntamientos sólo tendrán que hacer una comunicación previa del desarrollo urbanístico. Sin embargo, tendrán un plazo de cuatro años para adaptarse a la nueva ley. 
La flexibilización del suelo no urbanizable se produce al favorecer el turismo residencial, ya que las edificaciones tradicionales que tengan más de tres años y se rehabiliten no tendrán que cumplir con la parcela y el volumen mínimo.
Por su parte, las construcciones vinculadas a explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales o cinegéticas, para el desarrollo de estas actividades, no tendrán que disponer de una parcela equivalente a la unidad mínima de cultivo. Se establece una unidad rústica que puede ser de 1,5 hectáreas.
La norma persigue también reducir la carga administrativa del proceso urbanístico y amplía la consideración de pequeño municipio de 2.000 a 5.000 habitantes.
De esta forma, 347 localidades, el 90% de los extremeños, no necesitarán contar con plan general y los ayuntamientos sólo tendrán que hacer una comunicación previa del desarrollo urbanístico. Pero tendrán un plazo de cuatro años para adaptarse a la nueva ley.
En rueda de prensa, el portavoz 'popular', Miguel Cantero, ha recalcado que dicha modificación eliminará "de una forma clara" los trámites burocráticos que hasta la fecha "asediaban" el desarrollo e "impedían la agilidad" para la instalación de empresas, al tiempo que ha insistido en que se pretende "reducir" la carga administrativa en los procesos burocráticos.
Asimismo, se busca "facilitar" la gestión urbanística en las pequeñas poblaciones de la región y con la modificación que propone el PP se ampliaría el concepto de éstos de los menos de 2.000 habitantes de la actualidad a los menos de 5.000 habitantes, con lo que se llegaría hasta 347, prácticamente el 90% del total.
Cantero ha indicado también que con la modificación no se pretende "legalizar viviendas ilegales" sino que se busca "ordenar", "regular" y "establecer" unas bases que beneficien "sobre todo" al ámbito rural, que posiblemente se encuentra "con mayores trabas urbanísticas".
De igual forma, ha valorado que con esta modificación se quiere dar respuesta a una "demanda" que "está en la calle", al tiempo que ha considerado que llevar a cabo esta modificación a escasos meses de las elecciones no puede ser considerado como "electoralista".