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21 de diciembre de 2015
 
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LEGALIZACIÓN DE VIVIENDAS EN GALICIA ANTERIORES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2006
¿Qué aprendo?
Se analiza en la guía práctica inmoley.com de la inspección urbanística y viviendas ilegales y en la guía del urbanismo de Galicia. La sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha rechazado el recurso de los propietarios de otra vivienda de la zona de Mar de Fóra de Fisterra, y mantiene la orden de demolición decretada primero por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) y posteriormente por el juzgado de instancia. El problema es que los propietarios no han podido acreditar que el inmueble estuviese construido antes del 10 de diciembre del 2006 y por tanto, cuando se incoó el expediente de reposición de la legalidad, no habían transcurrido todavía los seis años que harían que la infracción estuviese prescrita. No han sido aceptadas como prueba las facturas aportadas del año 2006 o las certificaciones municipales sobre ausencia de expediente de infracción urbanística a fecha 11 de enero del 2013. Consideran que todo eso una «mera aproximación temporal», que para nada acredita que el inmueble estuviese habilitado como vivienda. En este caso no se aportaron contratos de agua, recogida de residuos o energía eléctrica que certificasen esa habitabilidad.
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Tampoco sirvió el informe técnico de parte o las manifestaciones de vecinos y del constructor, porque el tribunal no les concede validez en un proceso de «especial rigor» por «tratarse de una obra ilegal, carente de autorización y licencia».

Del mismo modo, los jueces no tienen en cuenta la apelación a «unas hipotéticas y futuras previsiones de planeamiento que no consta que hayan alcanzado su aprobación definitiva».

Sin embargo, el alcalde, José Marcote, si cree que la aprobación del plan general -al menos eso le dicen los técnicos redactores y los consultores jurídicos- servirá para salvar este tipo de viviendas. En el caso de Mar de Fóra son al menos una decena de las que tres ya han sido derribadas para reducir la sanción.

El regidor admite que decisiones de este tipo implican un dilema político e incluso moral, pero acordaron agilizar en lo posible el PXOM, para solucionar estos problemas y otros que afectan más directamente a las arcas municipales, como es la anulación de licencias en la recta de la Anchoa, que podrían implicar el pago de cuantiosas indemnizaciones. 
 

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