Ortiz presentó
la semana pasada un escrito de manifestaciones de discrepancia con el acuerdo
de la resolución de la condición de agente urbanizador del
PAI Armanello, adoptada por acuerdo plenario el 3o de julio de 2015 (aunque
no se le notificó hasta el 2 de septiembre), en el que le reclama
al Ayuntamiento 1.786.648,20 euros por la liquidación del contrato
de urbanización del sector. El escrito, redactado en términos
inaceptables para una Administración pública no tiene desperdicio.
En el mismo,
el representante legal de Ortiz, Miguel Carratalá, asegura
que “dicho acuerdo propone una resolución contractual culpable por
motivos imputables a esta mercantil [Enrique Ortiz e Hijos, Contratista
de Obras, SA.], cuando, a nuestro juicio, sería el Ayuntamiento
el responsable de los incumplimientos contractuales (…)”. Es más,
la empresa asegura que frente a dicho acuerdo, que pone fin a la vía
administrativa, “se interpondrá, en breve, el oportuno contencioso
administrativo, con el objeto de que dicho acuerdo sea revisado ante los
tribunales”.
Según
un documento citado, Ortiz estima que «no se ha dado ninguna circunstancia
que pudiera haber generado daño o perjuicio para el Ayuntamiento
o terceras personas» porque «no se ha ejecutado obra alguna»
en este sector que fue adjudicado hace casi 15 años y que cuenta
con un largo historial de batallas judiciales. Además Ortiz alega
también que tampoco se ha girado ninguna cuota de urbanización.
Por otra parte, y ante la incoación del expediente para liquidarle
el contrato remite una valoración de los gastos que ha supuesto
para la empresa toda la tramitación previa del PAI desde que se
le adjudicó hasta la fecha de resolución del contrato. Gastos
en honorarios profesionales para redactar proyectos, gastos de notaría
y otros gastos de gestión que Ortiz cifra en 1.786.648 euros y que
debería reembolsarle el consistorio si le liquida el contrato. Todo
ello, como bien recuerda el empresario en su misiva, sin cuantificar con
lo que económicamente supondría una indemnización
por daños y perjuicios «cuya exigencia nos reservamos para
el momento procesal oportuno». Sin embargo, Ortiz e Hijos reitera
su voluntad de alcanzar un «compromiso de colaboración»
que permita resolver estos expedientes y el proceso de ejecución
de dos sentencias de 2012 «en las mejores condiciones de seguridad
jurídica para las partes», es decir, «sin que esta mercantil
tenga que sufrir nuevos daños y perjuicios». En caso de conseguir
el «consenso institucional» y llegar al citado acuerdo que
garantizara dichas condiciones de seguridad y siempre y cuando «el
desarrollo del sector fuera factible en términos de solvencia jurídica
y económica», entonces Ortiz valoraría desistir del
«mantenimiento de acciones judiciales». Respecto al futuro
del programa, por cuya cancelación aboga la mayor parte de la Corporación
Municipal y del Consejo Asesor de Escena Urbana, la mercantil, que es propietaria
de más del 50% del suelo de Armanello, propone adoptar un sistema
de gestión indirecta mediante selección pública de
urbanizador.
Los técnicos
municipales están elaborando el escrito contradictorio a la reclamación
de Ortiz en el que, independientemente de que se le reclamen los 17,5 millones
que ofreció como mejora.
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