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1 de octubre
de 2014
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ACTUACIONES URBANÍSTICAS
ILEGALES EN LA NUEVA LEY DEL SUELO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
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Guía práctica inmoley.com del urbanismo de la Comunidad Valenciana.
Un promotor inmobiliario imputado por presuntos chalés ilegales
en Montroy recurre a la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat,
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat
Valenciana para pedir el sobreseimiento del procedimiento judicial abierto
contra él por presunta corrupción urbanística en relación
con la construcción y venta de chalés en suelo no urbanizable
de Montroy al entender que los hechos imputados "se han legitimado".
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Así consta en el escrito,
al que ha tenido acceso Europa Press, remitido al juzgado de Instrucción
número 1 de Picassent (Valencia), que investiga la construcción
de chalés en suelo no urbanizable en las zonas de Els Mallars, Canyà
la Murta y Les Valletes de Montroy, y estima que hay más de 200
víctimas. En el procedimiento figuran una veintena de imputados,
entre ellos el alcalde del municipio y su antecesor.
En la causa figuran como imputados,
además de promotores y estos políticos, arquitectos, registradores
de la propiedad, un abogado y varios constructores, entre otros. Se investigan
presuntos delitos de estafa, prevaricación, falsedad en documento
mercantil o delitos contra la ordenación del territorio.
El promotor justifica su petición
de archivo en la Ley 5/2014 de la Generalitat Valenciana --de Ordenación
del territorio y Urbanismo-- que, según expone, "da solución
legal a la existencia de núcleos de chalés diseminados construidos
en suelo no urbanizable común, toda vez que las construcciones,
aunque ilegales, están consolidadas jurídicamente, al haber
transcurrido el plazo para que la Administración pueda emprender
acciones sancionadoras de restauración de la legalidad urbanística
o que la Fiscalía pueda interponer acciones legales por la presunta
comisión de sendos delitos, continuados o no, contra la ordenación
del territorio".
"A mayor abundamiento", indica el
promotor, las construcciones investigadas en este caso se han llevado a
cabo sobre terreno declarado urbanizable por la Administración desde
el año 2007, "a falta solo de la aprobación del correspondiente
Plan de Actuación Integrada, y que en estos momentos se está
llevando a cabo por estudio y proyecto original del propio Ayuntamiento
de Montroy".
En consecuencia, entiende que los
hechos imputados no revisten, "en absoluto", el carácter delictivo
que se les atribuye por el juzgado y por el ministerio fiscal, con lo que
solicita el sobreseimiento de la causa por "legalización sobrevenida".
A su juicio, los presuntos perjudicados
en este procedimiento "ya no lo son" desde el momento que sus construcciones
están o pueden estar legalizadas, y su perjuicio, "de existir",
debe achacarse "a la crisis económica en que todos los europeos
estamos inmersos y, en su caso, debe reclamarse por vía civil y
no por la criminal".
Con todo, esta parte entiende que
no existe delito respecto a los imputados puesto que están en esta
causa por hechos "que la nueva ley ha legitimado al derivarse todos ellos
del delito principal contra la ordenación del territorio y de irregularidades
supuestamente delictivas con él relacionadas", sostiene.
Por ello, solicita el sobreseimiento
de la causa contra él por "inexistencia sobrevenida del delito".
Frente a esta solicitud, las acusaciones han mostrado su oposición
ya que estiman que no hay ningún artículo de la nueva ley
que le ampare. Falta el escrito del ministerio fiscal.
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