NOTICIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, URBANISMO E INMOBILIARIO.

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11 de julio de 2014
 
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LA REFORMA MEDIOAMBIENTAL DEL URBANISMO DE CANARIAS. PROYECTO DE LEY DE ARMONIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL TERRITORIO Y DE LOS RECURSOS NATURALES 
Convertir conocimiento en valor añadido:  Guía práctica inmoley.com del impacto medioambiental y del urbanismo de Canarias. La reforma obedece a la nueva regulación de la evaluación ambiental estatal (Ley 21/2013), para favorecer la seguridad jurídica de los promotores de instalaciones, obras o actividades, facilitando así las nuevas inversiones en nuestro país. Esta norma concedía un año a comunidades autónomas para adaptar sus leyes a esta norma básica del Estado, que ha unificado en una sola norma dos disposiciones: la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, y el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, y modificaciones posteriores al citado texto refundido. 
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El nuevo marco jurídico pretende, principalmente, incrementar la seguridad jurídica de los promotores. La intención de la nueva ley es permitirles conocer de antemano cuáles serán las exigencias legales de carácter medioambiental requeridas para la tramitación de un plan, un programa o un proyecto, con independencia del lugar donde pretenda desarrollarlo. De acuerdo con estos principios, debe subrayarse que todos los anexos que se incorporan a la ley son legislación básica y, por tanto, de aplicación general (y no quedan por tanto al criterio de las comunidades autónomas).

Canarias tiene que reformar la Ley 11/1990, de prevención del impacto ecológico en Canarias y en alguna medida la Ley de las Directrices de Ordenación General y del Turismo

El consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, reconoció el fracaso de la normativa urbanística y medioambiental autonómica para justificar ante el Parlamento el proyecto de ley de armonización y simplificación en materia de protección del territorio y de los recursos naturales, que inicia su trámite en la cámara regional.

Rigideces, trámites innecesarios, competencias solapadas, retrasos de toda índole, sobrecostes, falta de credibilidad social, informes exorbitantes, plazos excesivos, judicialización de procedimientos y desconfianza sobre el contenido de los documentos de evaluación medioambiental son algunas de las características de las normas vigentes que se tratan de corregir, según dijo Berriel en el pleno del Parlamento.

La redacción de este intento de simplificación normativa y de procedimientos para el planeamiento ha sido "compleja", explicó el consejero al pleno de la Cámara que, con los votos de los grupos que apoyan al Gobierno, Nacionalista y Socialista, rechazó dos enmiendas a la totalidad del PP y de Nueva Canarias.

El consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, defendió que la nueva norma pretende introducir más dinamismo en la toma de decisiones, con plazos razonables en las respuestas administrativas.

Se refuerza la participación ciudadana, se profesionalizan los equipos redactores del planeamiento, se reducen los controles de la administración, se estandarizan los procedimientos de evaluación, se concretan las competencias, se simplifican las evaluaciones medioambientales y se consigue en definitiva una mayor equidad y aceptación del planeamiento, dijo el consejero.

A juicio del Colegio de Arquitectos constituiría un error, pues "prácticamente ninguno de los preceptos" contenidos en el proyecto de ley "contribuye a solucionar" la maraña actual. El decano del COAC, Joaquín Mañoso, explicó que la inversión está directamente relacionada "con una cierta garantía sobre cuándo va a comenzar a producirse el retorno" de las cantidades desembolsadas. 

A su juicio, con el texto que ha trabajado el Gobierno de Canarias, ni siquiera es seguro que los proyectos puedan salir adelante. "Ningún empresario puede realizar un plan de viabilidad en estas condiciones", señaló, por lo que continuará ocurriendo que quienes manifiesten interés por invertir terminen por aburrirse ante la lentitud del proceso de toma de decisiones.

Además, Mañoso resaltó que los impulsores de la norma la han elaborado "sin contar con los profesionales" que diseñan el planeamiento o lo tienen por herramienta importante a la hora de realizar su labor; además de los propios arquitectos, geógrafos, economistas o abogados, entre otros.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias ha recopilado en su página web (www.coacanarias.org) toda la documentación relacionada con esta ley de armonización. Entre los legajos se halla el mencionado informe del Consejo Consultivo que ya advertía de la improcedencia de algunos de los extremos que contiene el texto que el Gobierno somete ahora al juicio del Parlamento regional.

"Se traspasan competencias políticas a los equipos redactores que, además, tienen que ser homologados, no se sabe con qué criterio, para intervenir en la materia", destacó el decano del Colegio de Arquitectos de Canarias, para quien ese precepto "es anticonstitucional".

En el plano medioambiental, Joaquín Mañoso afirmó que la redacción que se ha llevado a la Cámara regional "disgrega las competencias" entre administraciones.

TEXTO COMPLETO

http://www.gobiernodecanarias.org/citv/docs/Anteproyecto_Ley_Armonizacion_y_Simplificacion_Materia_Prote.pdf
 


 

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