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8 de enero de 2014
 
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URBANISMO. RESCISIÓN DEL CONTRATO PARA LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA (PGOU) DE TORRELAVEGA.
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La rescisión del contrato para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Torrelavega, por el incumplimiento de los plazos establecidos, ha terminado en los Tribunales. La empresa adjudicataria, Prointec, ha denunciado al Ayuntamiento porque dice que no es responsable de los retrasos y reclama cerca de 250.000 euros por los trabajos no cobrados. En el último pleno celebrado por la Corporación se dio cuenta de una resolución de la Alcaldía designando abogado y procurador para defender los intereses municipales en el proceso judicial.

La Corporación de Torrelavega aprobó el pasado verano rescindir el contrato con Prointec por haber superado ampliamente los plazos establecidos en el pliego de condiciones. La decisión fue avalada por los técnicos municipales y el Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno de España. El objetivo ahora es convocar un nuevo concurso público para terminar la redacción del nuevo documento urbanístico, iniciada en 2005.

La capital del Besaya aprobó su Plan General en 1964, documento que fue revisado por primera vez 21 años después para adaptarle a nuevas normas urbanísticas. En 2001, el Gobierno de Cantabria se hizo cargo de las competencias en materia urbanística y aprobó la Ley de Ordenación del Territorio. Tres años después, la Corporación adjudicó a Prointec la revisión del Plan General en 800.000 euros, con el fin de adaptar el documento a la nueva Ley. En enero del año pasado, el equipo de gobierno municipal (PP) decidió rescindir el contrato, que contemplaba la aprobación definitiva del PGOU en 2008.

Prointec dice en su denuncia que no es responsable de los retrasos y que éstos se deben a la falta de respuesta del Ayuntamiento a los diversos requerimientos que hizo relativos a la toma de decisiones sobre criterios urbanísticos. Lo cierto es que de las siete fases previstas para la elaboración del nuevo Plan General, tan sólo se han completado tres.
Trabajo añadido

La empresa adjudicataria alega que en 2006 se produjeron nuevas reformas legislativas que la obligaron a repetir la documentación, concretamente la aprobación del Plan de Ordenación del Litoral (afecta a terrenos próximos a la fábrica de Solvay) y la adaptación de una directiva en materia medioambiental. Prointec presentó el Avance del nuevo PGOU en 2010 y «desde entonces no ha hecho nada más», denunció hace un año el concejal del área, Alejandro Fernández Berjano. La empresa, a la que ya se han abonado 300.000 euros, acudió a la vía administrativa para reclamar más dinero por el trabajo añadido, pero sus recursos fueron rechazados. 
 


 

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