23 de septiembre
de 2013
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URBANISMO.
UN JUEZ ANDALUZ ENVÍA A FUNCIONARIOS A LA CÁRCEL POR EL DERRIBO
DE UN EDIFICIO PROTEGIDO
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Funcionarios a la cárcel por el derribo de un edificio protegido
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urbanismo.
El Juzgado de lo Penal número
dos de Cádiz ha condenado al exalcalde de El Puerto de Santa María
Hernán Díaz Cortés, al exconcejal de Urbanismo Juan
Carlos Rodríguez, al jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento,
Fernando Jiménez Fornell, y al constructor Rufino Naves y a su hijo
Juan a penas de prisión e inhabilitación para cargo público
por el derribo ilegal del Palacio de Vizarrón, una casa de cargadores
de Indias construida en el siglo XVII, situada en pleno centro de El Puerto
de Santa María (Cádiz) y protegida al igual que el casco
histórico de la ciudad. Los hechos ahora condenados ocurrieron hace
nueve años.
El edificio fue parcialmente demolido
por el constructor local Rufino Naves para la construcción de viviendas
valiéndose de una autorización irregular concedida por el
Ayuntamiento que certificó el supuesto estado de ruina del inmueble.
Tanto la Corporación como el constructor desoyeron las reiteradas
órdenes de paralización de obra que cursó la Delegación
de Cultura de la Junta, que multó a los condenados.
Ahora, el juez ordena a los constructores
el restablecimiento de la legalidad urbanística, es decir, a la
reconstrucción de lo demolido y condena a los dos máximos
responsables de la promotora, padre e hijo, a una pena de un año
y seis meses de cárcel para cada uno de ellos. Así mismo
establece el pago de una indemnización a la Junta en concepto de
daño patrimonial y una multa simbólica de 20 euros al mes
durante 15 meses. A Ambos, el juez les considera culpables de un delito
contra el patrimonio.
Al mismo tiempo la sentencia, de
48 folios y entregada ayer a las partes, condena a ocho años de
inhabilitación para cargo público y suspensión de
empleo público y sueldo al exalcalde de la ciudad Hernán
Díaz Cortés, a su entonces concejal de Urbanismo, Juan Carlos
Rodríguez, y al todavía hoy jefe del área de disciplina
urbanística del Ayuntamiento, Fernando Jiménez Fornell. En
estos casos, el juez les considera responsables de un mismo delito de prevaricación
administrativa.
Fornell fue restituido en su puesto
municipal el pasado febrero por el actual gobierno del PP mediante decreto
después de que en 2011 fuese detenido e imputado en la llamada Operación
Tequila, que investigó la concesión de licencias para edificar
en suelos no autorizados. El caso continúa abierto.
El portavoz del grupo municipal
de Izquierda Unida, Julio Acale, promotor de la denuncia, pidió
ayer al equipo de gobierno que "actúe en consecuencia" con Fornell,
aunque la sentencia pueda ser recurrida ante la Audiencia Provincial de
Cádiz.
Por su parte, el portavoz del Partido
Andalucista, Antonio Jesús Ruiz Aguilar, que comparte responsabilidad
de gobierno con el PP, reconoció ayer que sobre Fornell "pesan otras
causas abiertas" y anunció que, "si esto llega a ser firme, tendremos
que actuar en consecuencia". Ruiz Aguilar explicó que el Ayuntamiento
no debe presentar recurso en defensa de su actual responsable urbanístico.
Mientras, el alcalde de la ciudad,
Enrique Moresco (PP) declinó ayer, a través de un portavoz,
la valoración del caso.
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