16 de septiembre
de 2013
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URBANISMO.
EXPROPIACIONES DEL PLAN DEL CABANYAL Y GRAU DE VALENCIA
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planes especiales y del urbanismo de la C. Valenciana. Expropiaciones del
plan del Cabanyal y Grau de Valencia. Plan Especial de Protección
y Reforma Interior (Pepri) del barrio del Cabanyal
Herramienta práctica
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urbanismo.
La política de expropiaciones
del Gobierno local en Valencia es económicamente inviable, denuncia
la oposición. El concejal Amadeu Sanchis, portavoz del grupo municipal
de EU, esgrimió este jueves una sentencia del Tribunal Supremo que
corrige al alza los cálculos del Gobierno local del coste de las
expropiaciones de suelo en la capital. “La valoración del suelo
que hace el Ayuntamiento podría multiplicarse por tres o cuatro”,
subrayó Sanchis.
Al lado del concejal, el abogado
José Luis Ramos añadió que el fallo judicial afecta
de lleno a planes urbanísticos como el del Cabanyal, que prevé
la expropiación de 114.000 metros cuadrados de suelo en el barrio
para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta la playa.
“La política del PP en materia de expropiaciones no es asumible
económicamente después de este fallo”, agregó Sanchis.
El vicealcalde Alfonso Grau enmendó la plana al concejal de EU y
replicó que la sentencia del Supremo no afecta al Plan Especial
del Cabanyal ni a los planes urbanísticos aprobados, “solo a los
terrenos dotacionales que no tienen asignada edificabilidad”.
Ramos se remontó a 2007 y
recordó que el PP modificó el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) de Valencia para crear las Áreas Urbanísticas
Homogéneas, donde se rebajó la edificabilidad y, por tanto,
el valor de los suelos. Muchos propietarios de parcelas pintadas en el
plan como públicos recurrieron al TSJ valenciano y perdieron. De
ahí recurrieron al Supremo. Pero no han sido los particulares los
que han provocado la respuesta del alto tribunal sino el propio Consistorio
con la presentación de un recurso en 2011 contra un artículo
del reglamento de la nueva Ley del Suelo que redactó el entonces
Gobierno del PSOE.
El Supremo se pronuncia sobre los
suelos dotacionales públicos y, de paso, aclara cómo se calcula
correctamente el coste de expropiar solares urbanos edificables porque
el Consistorio lo hacía mal.
El Ayuntamiento sumaba a los solares
edificables, los públicos —donde van zonas verdes o viables—, con
lo que rebajaba el índice y el valor económico de la expropiación.
El alto tribunal le ha dicho que la ley del Suelo en vigor no permite esa
fórmula. Luego, las expropiaciones a partir de ahora serán
más caras, subrayó el concejal de EU. El Supremo le ha condenado
a pagar 10.000 euros de costas.
Si el Consistorio presupuestó
el coste de las expropiaciones del Cabanyal en casi 54 millones de euros,
con la sentencia el precio se dispararía hasta los 800 millones,
según Ramos. El plan tiene pendientes un 60% de las expropiaciones.
Los efectos de la sentencia se extienden a toda la ciudad, no solo al Cabanyal.
El número dos del Gobierno
local, Alfonso Grau, respondió que la sentencia “no afecta en absoluto
al Pepri del Cabanyal ni a los planes urbanísticos en el futuro,
por tanto, lo que afirma EU no es más que una interpretación
interesada y sesgada”. El vicealcalde agregó que la regla para calcular
la edificabilidad según la ley en vigor se aplica “solo a los terrenos
dotacionales” públicos. “No es el caso del plan del Cabanyal, donde
todo el suelo a expropiar está dentro de unidades de ejecución
que tienen calculado su propio aprovechamiento”.
UNA FACTURA DE 500 MILLONES
El Gobierno Local de Valencia lleva
gastados 500 millones de euros en expropiaciones para dotaciones públicas
desde 1991. El grupo municipal socialista lo denunció hace meses
y volvió a echar en cara al gabinete de Barberá sus repetidos
errores urbanísticos.
El Consistorio acumula en los últimos
años un varapalo judicial tras otro. Los tribunales han tumbado
en los últimos años infinidad de planes urbanísticos
por defecto de forma y valoraciones de expropiaciones. El concejal socialista
Vicent Sarrià recordó en agosto que el Consistorio llegó
a pagar 4,2 millones de euros a la familia Cotino por la retasación
de unos terrenos de su propiedad en el parque de Cabecera. El Jurado de
Expropiaciones lo tasó en 680.000 euros, el Ayuntamiento no pagó
en los dos años de plazo legal, y se encontró con una retasación
de los terrenos que elevó el coste a los 4,2 millones de euros.
Los socialistas han planteado en
los 22 años de gobierno del PP más de 200 iniciativas para
delimitar unidades de ejecución que hubieran evitado el desembolso
de los 500 millones de euros. “Lo más grave”, añadió
Sarriá, “es que todavía existen 430 solares con una superficie
de 1,7 millones de metros cuadrados para dotaciones públicas y zonas
verdes pendientes de ejecutar, y de ellos 1,3 millones de metros son propiedad
privada”.
Los cálculos de los socialistas
dan escalofríos. En el supuesto de que hubiera que expropiar todos
ellos, serían necesarios más de 1.300 millones de euros,
casi el doble del presupuesto municipal de un año.
EN DETALLE
Las arcas públicas del Ayuntamiento
de Valencia podrían sufrir un varapalo si se cumplen las peores
previsiones del grupo municipal de EU. Según denunció ayer
esta agrupación, el Consistorio que dirige Rita Barberá deberá
aplicar una edificabilidad tres veces mayor en el pago de las expropiaciones
pendientes del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri)
del barrio del Cabanyal de lo que estaba pagando. Así, el presupuesto
pendiente para esas expropiaciones, que asciende a más de 53 millones
de euros, superaría los 804 millones, según interpretó
el portavoz de EU en el Ayuntamiento, Amadeo Sanchis, de una sentencia
del Tribunal Supremo que considera erróneos los cálculos
del Gobierno local.
Sin embargo, a juicio del vicealcalde
Alfonso Grau, la sentencia del Supremo no afecta «en absoluto»
al Pepri del Cabanyal ni a los planes urbanísticos aprobados por
el Ayuntamiento, «sino que afectará a los planes urbanísticos
en el futuro». Por tanto, «lo que afirma EU no es más
que una interpretación interesada y sesgada, porque sabe perfectamente
que no es de aplicación en este barrio».
Explicó que la regla para
el cálculo de la edificabilidad media de las Áreas Urbanísticamente
Homogéneas, establecida en 2008 y en el reglamento estatal de Valoraciones,
es aplicable sólo a los terrenos dotacionales que no tienen asignada
edificabilidad, es decir, a terrenos dotacionales en suelo urbano no incluidos
en ninguna unidad de ejecución y que no forman parte de ningún
ámbito de gestión. «Este no es el caso del Pepri del
Cabanyal, donde todo el suelo a expropiar está incluido en diversas
unidades de ejecución que tienen calculado su propio aprovechamiento.
Del mismo modo ocurre con todos los planes urbanísticos aprobados».
No obstante, para el grupo de EU
esta sentencia supone un «revés» para el Consistorio,
que «hizo trampa en sus cálculos para ahorrarse» dinero
en el pago de las expropiaciones, lo que llevó al Tribunal a imponerle
las costas por un importe de 10.000 euros.
Advirtieron de que la sentencia
es global, por lo que afecta todas las expropiaciones para equipamiento
dotacional y zonas verdes que quedan por realizar en la ciudad, unos 430
solares de 1,7 millones de metros cuadrados. «Las expropiaciones
serían desorbitadas». Por ello, estudian iniciativas políticas
para que se modifique el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)
de 1989 y se debata sobre fórmulas para compensar a los propietarios
de terrenos a expropiar con permutas, convenios o acuerdos, de forma que
las arcas municipales no se vean tan afectadas.<<<l vicealcalde
Alfonso Grau, en respuesta al grupo municipal de EU, ha destacado que “la
sentencia del Supremo no afecta en absoluto al Pepri del Cabanyal ni a
los planes urbanísticos aprobados por el Ayuntamiento, afectará
a los planes urbanísticos en el futuro, por tanto lo que afirma
EU no es más que una interpretación interesada y sesgada,
porque sabe perfectamente que no es de aplicación en El Cabanyal”
ha subrayado Grau.
“El propósito de EU es inducir
a la gente al error y poner más trabas en el desarrollo del Plan
urbanístico de El Cabanyal –ha destacado Alfonso Grau-, un plan
con el que ellos políticamente están en contra, pero que
no tiene nada que ver con la sentencia en cuestión”.
El vicealcalde ha explicado que
la regla para el cálculo de la edificabilidad media de las Áreas
Urbanísticamente Homogéneas, establecida en 2008 y en el
Reglamento estatal de Valoraciones (artículo 21), es aplicable sólo
a los ‘terrenos dotacionales que no tienen asignada edificabilidad’, es
decir, a terrenos dotacionales en suelo urbano no incluidos en ninguna
unidad de ejecución y que no forman parte de ningún ámbito
de gestión. “Este no es el caso del PEPRI del Cabanyal, donde todo
el suelo a expropiar está incluido en diversas unidades de ejecución
que tienen calculado su propio aprovechamiento, y del mismo modo ocurre
con todos los planes urbanísticos aprobados”.
“Por tanto la sentencia no es ningún
varapalo judicial ni urbanístico para este Ayuntamiento, porque
la Ley del Suelo afecta por igual a todos los municipios de España”
ha resaltado Grau, añadiendo que “el Ayuntamiento ha actuado siempre
buscando el interés general”. Para Alfonso Grau “las trampas las
está haciendo el señor Sanchis, tratando de inducir a los
ciudadanos del Cabanyal al error con supuestos beneficios que ellos saben
perfectamente que no son de aplicación, una maniobra más
de EU para engañar a la gente, a las que ya nos tienen habituados”.
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