12 de diciembre
de
2013
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URBANISMO.
CIUDAD DEL MEDIO AMBIENTE DE SORIA. PROYECTO URBANÍSTICO EN EL SOTO
DE GARRAY (SORIA).
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Guía práctica inmoley.com del urbanismo de Castilla
León. Ciudad del Medio Ambiente de Soria. Proyecto urbanístico
en el Soto de Garray (Soria).
Herramienta práctica
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urbanismo.
El Tribunal Constitucional ha declarado
inconstitucional la Ley que las Cortes de Castilla y León aprobaron
en 2007 con la mayoría del PP y que amparaba la construcción
de un gran proyecto urbanístico en el Soto de Garray (Soria). La
llamada Ciudad del Medio Ambiente, que está a medias y ya se ha
llevado 52 millones de euros de dinero público, incluía siete
edificios emblemáticos en terreno protegido junto al Duero y sin
un destino claro. El alto tribunal anula la urbanización al considerar
que, al aprobarla por ley, Castilla y León se saltó el control
de los tribunales y los ciudadanos, que no podían recurrir contra
el plan urbanístico.
Más de siete años
ha tardado el tribunal en fallar el recurso de inconstitucionalidad que
presentaron 50 diputados del PSOE a la Ley de Aprobación del Proyecto
Regional Ciudad del Medio Ambiente.
Leyes a la carta
El Tribunal Constitucional ya ha
anulado varias leyes a la carta autonómicas que permitían
construir en terreno rpotegido eludiendo el control de los tribunales.
El Tribunal Constitucional ya ha
anulado varias leyes a la carta autonómicas que permitían
construir en terreno protegido eludiendo el control de los tribunales.
En diciembre pasado, el Constitucional
anuló la reforma legal que aprobó Murcia en 2001 para construir
4.000 chalés en Marina de Cope, un parque natural virgen en el Mediterráneo.
Pese a llegar 11 años después de que se aprobara la ley,
el estallido de la burbuja inmobiliario hizo que aún estuviera sin
construir.
En 2010, Castilla y León
aprobó una ley para poder construir una pista de esquí en
un antiguo bosque quemado en Valladolid., algo prohibido por la Ley de
Montes. Está pendiente de fallo del Constitucional.
Fue en marzo de 2007 cuando las
cortes aprobaron el extraño texto legal: dos páginas de Boletín
Oficial del Estado de exposición de motivos, un artículo
único de cinco líneas, dos disposiciones y 164 páginas
de anexo con los detalles de la urbanización en las que incluso
se fijan los metros de los viales o los kilovatios de las bombillas.
Al aprobarlo por ley, Castilla y
León evitaba que los ciudadanos o los ecologistas pudieran recurrirlo
ante los tribunales ordinarios. Evitaba así reveses judiciales como
el de Las Navas del Marqués (Ávila), donde el Tribunal Superior
de la comunidad anuló un gran plan urbanístico en un pinar
protegido. Con un procedimiento similar, Castilla y León aprobó
una pista de esquí con nieve artificial en terreno quemado en Valladolid,
un vertedero en la misma provincia y una estación de esquí
en Palencia.
El Constitucional ya tumbó
hace un año la ley de Murcia para levantar 9.000 viviendas en primera
línea de costa virgen. Aunque ese fallo llegó 11 años
después de la ley, allí no habían empezado las obras.
No ha sido así en Soria, donde las máquinas entraron pronto
y levantaron los esqueletos de las cúpulas de la energía.
Son edificios blancos y modernos, que representan los gajos de una naranja.
Están junto al Duero en un soto protegido y no tienen un destino
claro. En marzo pasado la junta paralizó la construcción
de los edificios pero afirmó que mantenía el resto del complejo,
que incluye un polígono industrial en el que apenas hay empresas.
El objetivo oficial era fijar los
criterios “ecológicos, territoriales, sociales, económicos
y científicos que han de definir un asentamiento sostenible contemporáneo”.
En teoría la ciudad iba a crear mil empleos sostenibles y albergar
a 4.000 personas.
Los aparcamientos semienterrados
tienen punto de carga eléctrica en cada una de las 709 plazas de
garaje aunque no hay coches. No existe ninguno de los 788 chalés
ecológicos y sostenibles anunciados, pero las calles ya tienen fibra
óptica. Sí funciona una central de biomasa.
El Constitucional recuerda que la
ley “reclasifica una parte del suelo clasificado [...] como no urbanizable
de especial protección” y lo convierte en terreno urbano. El uso
de una ley “impide el control de la jurisdicción contencioso administrativa
a que se someten el resto de planes urbanísticos”, afirma la sentencia,
notificada ayer a las partes. El Constitucional critica “la desproporción
en que ha incurrido el legislador” al usar una ley para amparar este proyecto,
y más con los problemas que suscitaba, entre los que cita que la
población de Garray iba a pasar de 500 habitantes a 4.500 y que
el suelo estaba protegido.
El entonces secretario general del
PSOE de Castilla y León, Óscar López, celebró
el fallo: “Decían que iban a crear 1.000 empleos y al recurrirlo
nos acusaban de ir contra el empleo y el desarrollo de la zona. Ahora se
ve que ha sido una forma, otra más, de enterrar dinero público”.
Añadió que la ciudad del Medio Ambiente tenía un fin
político, atacar al alcalde de Soria, el socialista Carlos Martínez,
que ayer pidió a la cúpula del PP que asuma responsabilidades
políticas por lo que calificó como despilfarro.
Una portavoz de la Junta de Castilla
y León afirmó que era pronto para opinar sobre la sentencia.
La impulsora de estas iniciativas —que inicialmente incluía otras
“cúpulas temáticas” a lo largo de las provincias del Duero—
fue la exvicepresidenta regional, la soriana María Jesús
Ruiz, hoy senadora por el PP. Esta ayer eludió la responsabilidad
del proyecto: “Es una ley de las Cortes de Castilla y León. Llame
allí”. Sobre si se sentía desautorizada, zanjó: “Yo
era consejera de un Gobierno con un programa”.
La Ciudad del Medio Ambiente es
un caso retorcido de la burbuja inmobiliaria. No solo es una urbanización
en terreno protegido sino que lo impulsa la Administración pública
donde no había llegado el ladrillo y con el fin teórico de
proteger el medio ambiente.
Aunque durante años fue apoyado
en Soria por el empleo y la inversión de 100 millones de euros,
últimamente había cosechado críticas, ya que la Junta
renunció hace un año a la segunda fase de las obras de ampliación
del hospital de Soria, presupuestadas en 34 millones, mientras destinaba
11 a la ciudad del Medio Ambiente.
En abril pasado, el gerente de la
Ciudad del Medio Ambiente, Nicolás Alonso, defendía ante
las grúas que una sentencia adversa del Constitucional no afectaría
en nada: “De cualquier manera, salga como salga, esto no tiene marcha atrás”.
Luis Giménez, arquitecto
y miembro del grupo ecologista Asden, que batalló contra la Ciudad,
reclama ahora ir a por los responsables: “Tiene que haber responsabilidad
penal de los políticos que lo aprobaron. Ahora eso quedará
como monumento al despilfarro”.
EN DETALLE
El Tribunal Constitucional ha declarado
inconstitucionalidad y por tanto, nula, la Ley 6/2007, de 28 de marzo,
de aprobación del proyecto regional «Ciudad del Medio Ambiente».
El alto tribunal entiende desproporcionado por parte del legislador, el
uso de una ley singular o de caso único y asegura que vulnera el
artículo 24.1 de la Constitución Española, «al
impedir el control judicial de derechos e intereses legítimos afectados
y eliminar la posibilidad de un control judicial de la misma intensidad
que hubieran podido realizar los tribunales de la jurisdicción contencioso
administrativa, si el proyecto se hubiera aprobado por reglamento».
El recurso fue presentado por más de 50 diputados del Grupo Socialista
en el Congreso, el 24 de julio de 2007.
El alto tribunal asume la existencia
de leyes singulares, pero incide en que el legislador «no ha explicitado
las razones por las que entiende que la utilización de la ley es
una medida razonable y proporcionada, a sabiendas de que … la utilización
de la ley eliminaba el control de la jurisdicción contencioso administrativa».
Asimismo, recalca que la ley impugnada
«no presenta peculiaridad alguna con respecto a cualquier otra ordenación
urbanística regional aprobada por el Consejo de Gobierno».
Asimismo, recuerda que en la propia ley singular de la Ciudad del Medio
Ambiente se incluye una disposición final que asume que determinadas
normas urbanísticas podrán ser modificadas por decreto de
la Junta y argumenta que «nada añade la aprobación
por ley a lo que puede ser modificado desde el momento mismo de su entrada
en vigor, por vía reglamentaria como, en efecto, así ha ocurrido».
Asevera que la utilización de la ley «no respondía
en modo alguno a una situación excepcional, sino al ejercicio normal
de la postestad legislativa».
Así, insiste el TC en que
la utilización de la ley singular «ha sacrificado el control
de la legalidad ordinaria a la que el proyecto afirma responder«
en el contencioso administrativo, «a cargo de los titulares de los
derechos e intereses legítimos o de la acción pública
renocida en materia de urbanismo y medio ambiente».
Problemas con el suelo
En este contexto, recuerda el tribunal
que la actuación urbanística planteada suscitaba problemas
con la declaración de suelo urbanizable de zonas antes protegidas
por su valor natural, ya que estaban incluidas en la Red natura 2000 y
formaban parte de un lugar de interés comunitario. Asimismo, recuerda
el aumento de la población del municipio de Garray prevista en 4.000
personas, frente a las 500 censadas, y la imposibilidad de abastecimiento
de agua en un volumen suficiente por parte de la potabilizadora de Soria.
«La aprobación por
ley de ese planeamiento urbanístico ha impedido que los tribunales
de la jurisdicción contencioso administrativa puedan controlar la
legalidad de la nueva clasificación del suelo, la adecuación
del proyecto a la evaluación ambiental y la legalidad misma de la
evaluación ambiental, control jurisdiccional al que hubiera tenido
acceso si la norma hubiera sido aprobada por Consejo de Gobierno»,
resume.
La sentencia también expone
que aunque la ley asegura que se aprueba un proyecto regional, su contenido
lo aproxima a un plan regional, que tiene por objetivo planificar la ejecución
de actuaciones industriales, residenciales, terciarias y dotacionales.
Fuentes de la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente señalaron que la sentencia les fue notificada
este lunes y los servicios jurídicos de la Junta la están
analizando. Mostraron su respeto a la sentencia y lo están estudiando
para conocer su alcance y adoptar las medidas oportunas.
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