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URBANISMO. DELITOS URBANÍSTICOS EN GALICIA
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El juzgado número 2 de Cambados ha entrado a investigar el urbanismo de Sanxenxo. Trece técnicos y políticos del área de Urbanismo desde 2006, están imputados por presuntos delitos urbanísticos y prevaricación en relación con al menos cinco expedientes.

Desde que se inició la investigación, los vecinos han recabado en las oficinas municipales documentación sobre otras 200 operaciones urbanísticas. Las denuncias se tramitaron en el juzgado en enero de 2012 , desde entonces han estudiado la causa dos jueces instructores y un fiscal especializado en estos asuntos que han coincidido al apreciar indicios de presuntos delitos urbanísticos y prevaricación en varios expedientes de obras en este municipio de las Rías Baixas. Después de que el juzgado requiriera al Ayuntamiento la entrega de al menos cinco de los expedientes bajo sospecha, el Grupo de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil ha pasado año y medio recabando datos para la instrucción del múltiple y enmarañado caso urbanístico.

El titular del juzgado de instrucción 2 de Cambados, Juan Manuel Hermo, y el fiscal David de la Fuente, iniciaron los interrogatorios a los 13 imputados en el marco de una investigación sobre supuestas irregularidades urbanísticas en la concesión de licencias en el Concello de Sanxenxo. Los tres primeros en comparecer ante el juez fueron el máximo responsable de la Gerencia de Urbanismo entre 2006 y 2009, Rafael Vázquez Abal; así como la exasesora jurídica de la gerencia, Ana Belén Louro Pais, y el exedil de Urbanismo en el anterior mandato, Ángel Casal. Según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a los dos primeros se les imputan "inicialmente" los delitos de prevaricación urbanística, cohecho y tráfico de influencias. A Casal tan solo se le imputa únicamente por el delito de prevaricación urbanística.

Mientras que los dos primeros técnicos se acogieron a su derecho a no declarar ante el juez, el exconcejal sí respondió a todas las preguntas que le formuló el magistrado y la Fiscalía "con total transparencia y tranquilidad", según él mismo manifestó a su salida  de los juzgados de Cambados.

Casal, concejal de Urbanismo durante el anterior mandato de la alcaldesa Catalina González, defendió su inocencia asegurando que "siempre actué pensando en el interés general de los vecinos de Sanxenxo" e hizo hincapié en que nunca se concedió "ninguna licencia que no tuviese el visto bueno de los informes técnicos".

Casal no quiso entrar a valorar el trasfondo político que, según la propia alcaldesa, está detrás de estas denuncias urbanísticas y consideró "normal" que el juez haya citado a declarar como imputados a todas aquellas personas que tuvieron algo que ver con los expedientes urbanísticos que está tramitando el juez. Casal está citado a declarar por un único expediente urbanístico bajo sospecha, el que se refiere a los polémicos chalés construidos por Ferro Mesego a menos de 50 metros del cementerio de Dorrón.

Rafael Vázquez Abal accedió en 2006 a la Gerencia de Urbanismo de Sanxenxo desde el puesto de arquitecto municipal, al que regresó en 2009 cuando fue relevado en este cargo. Sucedió al frente de la Gerencia a la actual secretaria xeral de Urbanismo de la Xunta, Encarnación Rivas, también imputada en este asunto. Belén Louro -sobrina del teniente de alcalde de Pontevedra, Antón Louro- también emitió varios informes relacionados con los chalés de Ferro Mesego en Dorrón. Unas licencias que se rechazaron inicialmente pero que posteriormente se volvieron a tramitar concediéndose inicialmente el permiso hasta que la actual alcaldesa conoció un informe de Sanidade que impedía el uso del cementerio por la cercanía de estos inmuebles. Una circunstancia que llevó a la regidora a revocar dichas licencias.

Las declaraciones de técnicos, extrabajadores, políticos y particulares relacionados con los cinco expedientes urbanísticos investigados por el juzgado continuarán. Entre las personas que todavía tienen que comparecer ante el juez están la propia Encarnación Rivas, otra exasesora de la gerencia, un aparejador municipal, algunos titulares de los expedientes investigados y la propia alcaldesa, que lo hará el viernes.