9 de octubre
de 2013
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URBANISMO.
LOS FISCALES PIERDEN LA PACIENCIA CON LOS AYUNTAMIENTOS.
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y viviendas ilegales. Los fiscales pierden la paciencia con los ayuntamientos.
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VIGO
Los concellos no colaboran con la
Fiscalía para resolver delitos urbanísticos
Los municipios del área de
Vigo son muy poco colaboradores con la fiscalía que trata sobre
los delitos relacionados con el medio ambiente y la ordenación del
territorio. La fiscal Natividad Gurriarán señala en la memoria
anual del Ministerio Público que las relaciones siguen siendo bastante
«escasas».
Esta falta de colaboración
se traduce en que las administraciones locales son en general lentas a
la hora de facilitar documentación. Hay casos en los que la Fiscalía
no aprecia delitos, pero sí infracciones administrativas, por lo
que las devuelve para que se resuelvan en las localidades de origen. La
Fiscalía siempre solicita información acerca de la resolución
de dichos expedientes, pero habitualmente las autoridades locales no informan.
Esta desgana municipal ha obligado a la acusación pública
a otorgar plazos a la administración pública para que contesten,
bajo apercibimiento a los alcaldes de incurrir en delitos de desobediencia.
La falta de interés que ponen
las administraciones locales a la hora de perseguir los delitos urbanísticos
y medioambientales se pone también de manifiesto en la relación
de las policías locales con la Fiscalía.
La fiscala especializada en el área
aporta el dato de que a lo largo del año pasado no se produjo ni
una sola denuncia o atestado procedente de estos cuerpos policiales. Considera
que su colaboración con la Fiscalía podría ser muy
superior, sobre todo en ciertas modalidades de delitos contra el medio
ambiente como, por ejemplo, los producidos por las emisiones de ruidos,
los delitos contra el territorio, las desobediencias a las órdenes
de paralización del territorio y la creciente urbanización
de toda la zona costera, en muchos casos sin autorización ni licencia
de ningún tipo.
Aplu
La Fiscalía de Medio Ambiente
y Urbanismo tampoco encuentra un aliado en la Agencia de Protección
de la Legalidad Urbanística. Gurriarán se queja en su informe
de que este organismo no remite de oficio los expedientes que tramita en
los que se aprecia la existencia de delitos, como sería su obligación.
Este problema ya fue objeto de dos reuniones en los años 2009 y
2011 pero la situación no ha cambiado. «Parece que será
necesario mantener reuniones periódicos con la Agencia para reiterarle
que está obligada a comunicar a los juzgados o al Ministerio Fiscal
cualquier hecho de que tenga conocimiento, que sea constitutivo de un delito»,
expresa en la memoria.
La memoria de la Fiscalía
de Medio Ambiente y Urbanismo hace una crítica velada a la labor
de cara a la galería de los responsables políticos en la
comisión provincial de incendios. Así, señala que
en estas reuniones «venimos observando que empieza presidida por
los delegados territoriales de la Xunta en Pontevedra y Vigo, los cuales
se ausentan casi inmediatamente después de que los medios de comunicación
y los periodistas dan por terminado su trabajo». De estas comisiones
afirman que los fiscales son «un invitado más» y, si
bien destacan que son útiles para trasladar los problemas más
importantes que tiene la Fiscalía en su trabajo, es decir, las pruebas
de la autoría, y conocer a las personas que trabajan en la extinción
de incendios, «la utilidad para el trabajo de los fiscales es bastante
limitada».
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