4 de noviembre
de
2013
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URBANISMO.
APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
(PGOU) DE VALLADOLID
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y del urbanismo de Castilla León. Aprobación inicial del
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid
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urbanismo.
El Grupo Municipal
Socialista y el de Izquierda Unida han votado en contra del documento de
criterios generales previo a la aprobación inicial del Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU), debatido en la Comisión de Urbanismo,
ya que considera que la modificación "consolida las áreas
homogéneas".
En un comunicado recogido
por Europa Press, el portavoz del Grupo Socialista, Javier Izquierdo, ha
recalcado que "hay suelo más que suficiente dentro de las rondas
para cubrir las necesidades del escenario demográfico en el que
se mueve Valladolid".
Según el PSOE,
el documento debatido este miércoles plantea el mantenimiento de
las áreas homogéneas Las Riberas (AH-7), que como han recordado
tiene una sentencia en contra del TSJCyL; Prado Palacio (AH-1), Fuente
Amarga (AH-6), Los Argales (AH-8), La Varga-Berrocal (AH-12) y la "polémica"
Valdechivillas (AH-10).
Sin embargo, la concejal
de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, Cristina Vidal,
ha explicado que el documento sólo mantiene en términos similares
las condiciones de tres de las áreas homogéneas (Las Riberas,
Prado-Palacio Berrocal y Páramo de San Isidro), mientras que se
dará más importancia al suelo industrial en otras siete y
se desclasificará otras cinco.
En todo caso, para
el portavoz socialista, Javier Izquierdo, "seguir adelante con este proyecto
de extender la ciudad más allá de las rondas, a zonas que
se encuentran a kilómetros del casco histórico, y en una
cantidad de terreno que prácticamente iguala su extensión
actual--3.895 hectáreas--" es "un ejercicio de clara irresponsabilidad".
Estas nuevas áreas
residenciales, ha reiterado Izquierdo, supondrán un desencaje de
una factura urbanística (el coste del mantenimiento de las zonas
urbanizadas), que ya hoy se calcula en cerca de 130 millones de euros.
Ampliar la ciudad en todas esas áreas, en opinión de Izquierdo,
no responde al desarrollo demográfico actual de Valladolid y demuestra
falta de perspectiva por parte de Javier León de la Riva.
En caso de avanzarse,
finalmente, en la construcción de esas varias decenas de miles de
viviendas, ubicadas lejos del centro, el Ayuntamiento "debería hacer
frente a nuevos gastos de urbanización y conservación de
lo urbanizado, alumbrado público, transporte público, parques
y jardines, limpieza, policía y bomberos, que rondan los 404 euros
por habitante al año, o bien 1.178 euros por hogar".
En definitiva, Izquierdo
ha advertido de que doblar la superficie de Valladolid supondría,
"que también se doblen estos gastos, a los que habría que
añadir el coste de los equipamientos: escuelas infantiles, centros
cívicos, centros para personas mayores e instalaciones deportivas,
lo que lleva, obviamente, a un peor funcionamiento de los servicios públicos,
o bien a nuevos incrementos de impuestos, dado que no se prevé un
crecimiento en consonancia de la población llamada a sostenerlos".
El concejal ha recordado
que se cumple ya un año de que el PSOE hiciera público un
documento de sugerencias sobre el Avance de la modificación del
PGOU en el que abogaba por una ciudad económicamente viable y ajustada
a la población.
PRIMAR LA REHABILITACIÓN
Y RENOVACIÓN URBANA
En su propuesta, el
Grupo Socialista insistía en evitar la extensión de Valladolid
en áreas homogéneas, primar la rehabilitación y renovación
urbana y diseñar una movilidad desahogada, construyendo aparcamientos
en la corona externa al casco histórico, para conseguir una ciudad
compacta, en la que el tren desaparezca de superficie lo antes posible,
y cuyo urbanismo esté en manos del Ayuntamiento, diseñado
y dirigido por el interés público.
Ya en ese documento,
el PSOE explicaba que la denominada "factura urbanística" supera,
de promedio, anualmente, el 60% del presupuesto municipal, de forma que,
cuanto más extensa sea la ciudad, más gastos generará,
algo que parece ilógico teniendo en cuenta que hay en torno a 30.000
viviendas sin habitar en Valladolid.
Por su parte, el Grupo
Municipal de Izquierda Unida ha lamentado que los criterios generales "se
atienen en lo fundamental al modelo del PGOU de 2003, completamente inadecuado
e incluso nocivo para las necesidades actuales de la población".
Ante la presencia del
equipo redactor en el Consejo, IU ha pedido más información
sobre los distintos capítulos contemplados en el documento de criterios,
y, pese a que ha calificado de "valiosas" algunas propuestas como las denominadas
'puertas de la ciudad' o el sistema de espacios libres, la mayor parte
genera una opinión negativa.
Se han referido especialmente
al mantenimiento como "planeamiento asumido" las áreas de suelo
urbanizable que contasen con aprobación del plan parcial, que era
precisamente lo que reclamaban, según IU, los propietarios de algún
"área homogénea" para intentar eludir la sentencia negativa
de los tribunales. Por lo tanto, creen que se trata de una propuesta "hecha
de la mano de los grandes promotores y propietarios de suelo de la ciudad".
Así, han recordado que dos de las áreas en esta situación,
como Prado Palacio y Las Riberas suman más de 23.000 viviendas en
sus previsiones.
Tampoco ven justificado
que las áreas de suelo urbanizable puedan "esgrimir derechos adquirido",
como en el caso de Valdechivillas, donde se conservarán 50 hectáreas
urbanizables en lo que califican de "incumplimiento flagrante de la legislación
estatal de urbanismo".
Además, han
apuntado que a todos estos suelos urbanizables se debe sumar los sectores
no desarrollados que no son áreas homogéneas, como La Florida.
También han
advertido que se va a modificar la ordenación del sector de suelo
industrial Palomares "sin que se haya dado ninguna explicación",
más allá que la entrada de la Junta de Castilla y León
en un proyecto de parque agroalimentario.
PLAN ROGERS
Del mismo modo, han
citado que el Plan Rogers se incorpora en el nuevo PGOU "sin ningún
ajuste", a pesar de que creen que responde a unas circunstancias económicas
"radicalmente distintas", y que "su viabilidad está en entredicho",
por lo que debería preverse otra fórmula para poder llevarlo
a cabo si no se pueden vender los suelos.
También echan
en falta referencias a las previsiones de ampliación de las infraestructuras
existentes que pudieran derivarse para la ciudad por los suelos urbanizables,
la utilización de los terrenos de instituciones públicas
para el fomento del empleo reclamada por el Grupo de IU; así como
un estudio económico que permitiera "saber con qué parámetros
económicos se está trabajando".
CLAVES
Tres áreas homogéneas
se desarrollarán sin ninguna variación, a pesar de que alguna
ha sido cuestionada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, entre otros motivos, porque no está justificada la
necesidad de más viviendas en Valladolid.
Asimismo, se reducirá el
tamaño de cinco macrourbanizaciones
"Se cambia el modelo radicalmente
y se suprime un montón de viviendas", concluye en la SER la concejala
de Urbanismo, Cristina Vidal. Para sostener este argumento, Vidal explica
que junto a la reducción de la dimensión de las áreas
homogéneas se cambia la utilización del espacio para contemplar
actividades económicas.
Las tres áreas homogéneas
que siguen, prácticamente, invariables son Berrocal (están
contempladas 15.000 viviendas), Las Riberas (cerca de 9.000) y la situada
junto a los nuevos talleres de Renfe en el Páramo de San Isidro.
Cinco macrourbanizaciones están
afectadas por el "adelgazamiento" de su extensión. La más
polémica, Valdechivillas, se desarrollará sobre 50 hectáreas.
Para la oposición resulta
incomprensible la continuidad del modelo urbanístico que contempla
la construcción de viviendas alejadas de la ciudad. Manuel Saravia,
portavoz de Izquierda Unida, se mostró muy crítico con el
equipo de gobierno de Javier León.
Y el portavoz del Grupo Municipal
Socialista, Javier Izquierdo, subrayó el incremento de la "factura
urbanística" con el desarrollo demográfico de la ciudad más
allá de las rondas. El coste, cifrado hoy en 130 millones de eruos,
se deriva de la suma de todos los gastos derivados del alumbrado, limpieza,
transporte. La media alcanza los 404 euros por habitante o bien 1.178 euros
por hogar.
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