23 de octubre
de 2013
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URBANISMO.
PLAN PARCIAL SECTOR 2 DE SUELO APTO PARA URBANIZAR DE LA VILLA DE SANTA
BRÍGIDA DE GRAN CANARIA
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de Canarias. Plan Parcial Sector 2 de Suelo Apto para Urbanizar de la Villa
de Santa Brígida de Gran Canaria
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urbanismo.
El Tribunal Supremo ha ratificado
la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que anuló
el año pasado el Plan Parcial Sector 2 de Suelo Apto para Urbanizar
de la Villa de Santa Brígida, por lo que acaba con la expansión
urbana proyectada para el municipio y deja sin cobertura legal viviendas
y comercios del casco. El fallo es firme, por lo que no caben más
recursos.
El alto tribunal rechazó
el último recurso presentado en solitario por el Ayuntamiento de
Santa Brígida ya que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran
Canaria desistieron de seguir pleiteando. El TSJC anuló el Plan
Parcial que sustentaba la expansión urbana de buena parte del municipio
satauteño, lo que dejó sin cobertura legal a un centenar
de casas y dúplex construidos junto al casco histórico de
la villa al amparo de ese planeamiento.
La Sala acuerda declarar "la inadmisión
del recurso de casación interpuesto por la representación
procesal del Ayuntamiento de Santa Brígida (Gran Canaria), contra
la sentencia de 20 de junio de 2012 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
(Sección Segunda, Las Palmas de Gran Canaria) del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, en el recurso nº 320/2010, resolución
que se declara firme; con imposición a la parte recurrente de las
costas procesales causadas en este recurso, si bien la Sala, haciendo uso
de la facultad que le otorga el artículo 139. 3 de la Lrjca, fija
en 1.800 euros la cantidad máxima a reclamar por las partes recurridas
por todos los conceptos". En el punto cuarto de los razonamientos jurídicos,
la sentencia señala que "la causa de inadmisión puesta de
manifiesto por la Sala se refiere a la defectuosa preparación del
recurso".
La sentencia considera nulo de pleno
derecho el Plan Parcial Sector 2 de Suelo Apto para Urbanizar de la Villa,
que fue aprobado de forma definitiva el 25 de septiembre de 1997 por la
Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo ratifica la nulidad del plan urbanístico aprobado
en 1997 porque el acuerdo es anterior a las Normas Subsidiarias municipales
de Santa Brígida, que se publicaron en 2001 de forma incompleta
ya que no se incluyeron las fichas que establecen y desarrollan el régimen
jurídico del suelo. El fallo se conoce dos semanas después
de que los tribunales también hayan paralizado el centro comercial
y de ocio de Santa Brígida.
Enfrentamiento
El Tribunal Supremo deja así
sin cobertura legal la zona ubicada al norte del centro comercial, donde
se han levantado en los últimos años dúplex de viviendas
hasta La Angostura y el cruce de Los Olivos, delante de la residencia de
mayores y el centro polifuncional de servicios sociales.
En esa zona Mercadona tenía
previsto levantar un supermercado a través de la empresa Maherma,
promotora del Plan Parcial anulado. Se trataba de una operación
valorada en unos cuatro millones de euros.
El fallo del Supremo afecta, además,
a la conocida como Urbanización de los Italianos, con chalés
dúplex con parque infantil y a las viviendas de Matías Hernández
Marrero (Maherma) y de la urbanización Urbis. La Sala desestima
todas las cuestiones de inadmisión planteadas contra la demanda
del letrado por el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Santa Brígida,
el Cabildo de Gran Canaria y la constructora Maherma SA. El plan parcial
que ahora ha quedado sin efecto está "prácticamente ejecutado
y edificado", según reconoce el Ayuntamiento en su escrito de oposición
al recurso. Esa enorme parcela, antes catalogada como suelo rústico,
se extiende desde el centro comercial hasta cerca de La Angostura y el
cruce de Los Olivos.
Las licencias para llevar a cabo
esos proyectos, el centro social y el supermercado, fueron concedidas por
el pleno de corporación en 2010. Su alcalde actual y también
entonces, Lucas Bravo de Laguna, siempre ha defendido la legalidad del
plan parcial anulado.
El alcalde llegó a enfrentarse
con el abogado Ignacio Cáceres y lo amenazó con demandarlo
por actuar de mala fe e ir en contra de los intereses del municipio. El
letrado advirtió en su momento de la ilegalidad de esos proyectos,
precisamente porque no estaban publicadas las Normas Subsidiarias. Esta
normativa, de carácter superior, es la que proporciona cobertura
legal a los planes parciales que luego desarrollan el suelo.
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